Pactan gobierno y transportistas plan para blindar vías contra robos y extorsiones

Acuerdo incluye patrullajes coordinados, reparación de tramos deteriorados y mesas de trabajo para revisar normativas y condiciones laborales, según la Secretaría de Gobernación y la CANACAR.

El gobierno federal y representantes del sector del autotransporte anunciaron un acuerdo para «blindar» carreteras y corredores logísticos ante el avance de robos y extorsiones que afectan a chóferes, pequeñas empresas y consumidores. Según un comunicado de la Secretaría de Gobernación y declaraciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el paquete combina medidas de seguridad, obras puntuales en tramos dañados y la instalación de mesas de trabajo para abordar aspectos regulatorios y laborales.

En la práctica, el pacto promete mayor presencia de fuerzas federales y coordinación con policías estatales, la instalación de puntos de revisión y acciones preventivas en los tramos más disputados. También se contempla la intervención en carreteras con baches y señalización deficiente que hoy funcionan como «trampas» para camiones, encareciendo fletes y retrasando mercancías.

Para los conductores, que llevan años denunciando asaltos y cobros ilegales, la medida suena a alivio, pero también a receta conocida: reforzar la vigilancia sin atacar las causas estructurales. Un transportista consultado señaló que lo que hace falta son patrullajes permanentes, iluminación y lugares seguros para descansar, no solo operativos temporales en fines de semana.

La nota oficial apunta a la creación de mesas donde se revisarán normas de operación, tarifas y condiciones laborales del autotransporte. Es un reconocimiento tardío de que la seguridad vial no es solo policía, sino regulación justa y condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, el anuncio carece por ahora de un calendario público, métricas de evaluación y el presupuesto asignado para obras y patrullajes; elementos que la ciudadanía y el propio sector deberán exigir a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Desde la óptica social y económica, un blindaje efectivo tendría efectos positivos: reducir pérdidas por robo de carga, bajar el precio de traslado y mejorar la continuidad de suministro de alimentos y medicinas. Pero sin transparencia ni control ciudadano, el riesgo es repetir viejas prácticas en las que las promesas terminan en comunicados y las rutas siguen siendo territorio de inseguridad.

La medida debe acompañarse de indicadores públicos, participación de autoridades locales y la fiscalización independiente de recursos. De lo contrario, advierten expertos del sector, será un parche más sobre una carretera llena de baches administrativos y corrupción institucional.

Con información e imágenes de: informador.mx