Renuncia vicefiscal de Sinaloa tras señalamientos de Estados Unidos
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el vicefiscal Dámaso Castro, quien fue señalado por autoridades de Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico, presentó su renuncia el 5 de noviembre luego de culminar una licencia. El comunicado de la FGE de Sinaloa confirma el movimiento pero deja preguntas abiertas sobre responsabilidades y transparencia en la investigación.
El señalamiento exterior —hecho público por instancias estadounidenses— encendió las alarmas en una entidad que ha sufrido décadas de violencia y colusión institucional. Para la ciudadanía, la noticia no es un dato técnico: es una pieza más que choca contra la confianza en el sistema de justicia. Cuando quien debe investigar es señalado por el otro país como posible aliado de la delincuencia organizada, el efecto es inmediato: la gente duda de que sus denuncias se tramiten con imparcialidad y teme que las investigaciones queden viciadas.
La renuncia de Castro llega en un momento en que Sinaloa enfrenta retos en seguridad pública, acceso a la justicia y la reconstrucción del tejido social. Según la propia FGE de Sinaloa, la baja fue formalizada tras terminar la licencia solicitada por el funcionario; no obstante, el comunicado no detalla si existen investigaciones penales en México vinculadas al señalamiento extranjero ni si habrá colaboración judicial con las autoridades de Estados Unidos.
Es urgente, dicen expertos consultados por este periódico, que las autoridades locales y federales expliquen con claridad el estado procesal del caso. La opacidad alimenta conspiraciones y el inmovilismo institucional. Si no hay investigaciones internas sólidas, la renuncia puede quedar como un gesto simbólico sin consecuencias reales: como poner parches en una pared que tiene grietas profundas.
El episodio plantea preguntas sobre los mecanismos de control y contrapesos dentro de las fiscalías estatales. ¿Cómo se investigan las denuncias contra altos mandos sin que el propio organismo pierda autonomía? ¿Qué filtros se aplican en la designación de cargos sensibles para evitar conflictos de interés y riesgos de infiltración del crimen organizado? Son debates que deben trascender la coyuntura mediática y traducirse en reformas concretas, desde auditorías externas hasta mesas de control con participación ciudadana y mecanismos de cooperación internacional transparentes.
Además del daño institucional, la salida de Castro tiene efectos prácticos: puede afectar expedientes abiertos, retrasar diligencias y complicar la coordinación con Estados que investigan a redes transnacionales. Para las víctimas y las familias que esperan justicia, cada obstáculo administrativo es una nueva forma de revictimización.
La FGE de Sinaloa tiene la responsabilidad de informar con detalle los pasos a seguir: si habrá entrega-recepción, cómo se preservarán las investigaciones en curso y si se solicitará cooperación oficial con Estados Unidos. Al mismo tiempo, el Gobierno federal y la Secretaría de Seguridad deben garantizar que no haya interferencias políticas ni protecciones indebidas.
Este caso es una llamada de atención. No basta con renuncias sobre el papel; se requieren procesos que demuestren que la institución actúa con independencia y eficacia. La sociedad necesita certezas: que las acusaciones se investiguen, que haya responsabilidad donde corresponda y que las instituciones se fortalezcan para evitar que los vacíos de poder sigan siendo aprovechados por la delincuencia.
Mientras tanto, el rumor y la desconfianza seguirán creciendo en las calles y en las oficinas donde se tramitan denuncias. La fiscalía estatal y las autoridades federales deben responder con hechos y transparencia para que la renuncia no sea sólo un golpe de timón sin rumbo.