Somos anuncia denuncia contra Sheinbaum por presunto uso de recursos públicos
Ciudad de México. El partido Somos informó que presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por lo que califica como “uso del poder y de recursos del Estado” para influir en la contienda electoral en curso en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En un comunicado difundido por Somos, el partido argumenta que acciones institucionales recientes —inauguraciones, programas sociales y la presencia constante de la Presidencia en eventos públicos— constituyen una ventaja indebida que rompe la igualdad de condiciones entre candidaturas. La denuncia, según la propia organización, buscará que los órganos electorales revisen pruebas y, en su caso, impongan sanciones.
La acusación toca un nervio sensible: la normativa electoral mexicana prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales. Si se confirmara que instituciones del Estado operaron como brazo de una campaña, no solo habría consecuencias legales para responsables y partidos, sino un costo político que afectaría la confianza ciudadana en las instituciones.
Fuentes oficiales de la Presidencia consultadas por este diario no emitieron una respuesta consolidada al cierre de esta edición. Desde el entorno de la mandataria, se ha sostenido en otros momentos que la agenda del gobierno responde a responsabilidades institucionales y que las actividades públicas no equivalen a promoción electoral.
El caso de Somos se suma a una lista de denuncias y acusaciones cruzadas que han marcado la contienda. Para la sociedad, la discusión no es abstracta: cuando recursos públicos se orientan a objetivos electorales, los servicios básicos y la inversión social se vuelven moneda de cambio. Es la diferencia entre campaña y gobierno; entre campaña y obligación constitucional.
El INE y el TEPJF tienen herramientas para investigar y sancionar, desde amonestaciones hasta multas y la remoción de propaganda. Sin embargo, la ejecución de esas medidas suele ser lenta y sujeta a apelaciones, lo que alimenta la percepción de impunidad. Como ocurrió en procesos anteriores, la fiscalización efectiva requiere pruebas claras y trazabilidad de los recursos.
Para los votantes, la denuncia plantea preguntas concretas: ¿se usan fondos públicos para promocionar a un contendiente?, ¿se condicionan programas sociales?, ¿existe un grado de intervención institucional que distorsione la competencia? Respuestas creíbles son esenciales para restaurar la equidad del proceso.
Somos apuesta a que el INE y el TEPJF actúen con celeridad y claridad. Mientras tanto, la sociedad civil y observadores electorales deben vigilar que la investigación sea transparente y que las instituciones no se conviertan en espectadoras pasivas.
En tiempos electorales, la política debe parecerse menos a un tablero en el que quien controla el reloj gana por ventaja técnica, y más a una cancha donde los equipos compiten con las mismas reglas. La respuesta de los órganos electorales definirá si esa cancha se mantiene pareja o sigue inclinada hacia el poder.
Fuente: comunicado del partido Somos; Instituto Nacional Electoral (INE); Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).