Militarización prolongada, violencia persistente: 1.000 días que cambiaron a ecuador
Ecuador cumple 1.000 días bajo estados de excepción que han normalizado la presencia de militares en las calles. Desde enero de 2024 hasta hoy, la estrategia del Gobierno ha variado entre operativos intensos y patrullajes permanentes. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, los homicidios disminuyeron en 2024, repuntaron en 2025 hasta alcanzar un récord histórico y en 2026 volvieron a descender, aunque siguen por encima de los 20 asesinatos diarios.
En los barrios del puerto, la escena cambió: tanquetas al borde de avenidas, retenes en esquinas y soldados acompañando a policías en rondas. Para muchos habitantes esa imagen transmite seguridad, pero también una nueva normalidad que no llegó acompañada de certezas. «Antes temíamos salir de noche, ahora igual, pero con más checkpoints», dice María, vendedora ambulante de 42 años en Guayaquil. «La seguridad la siento como un parcho, no una solución».
Los datos muestran esa ambivalencia. Menos homicidios en 2024 permitió al Ejecutivo exhibir resultados, lo que le dio oxígeno político. Sin embargo el salto en 2025 demostró que la presencia militar, por sí sola, no desmanteló las redes del crimen organizado ni atacó las raíces del problema: hacinamiento carcelario, impunidad, tráfico de armas y rutas de narcotráfico. En 2026 la baja reciente aliviana las cifras, pero mantener más de 20 asesinatos al día es inaceptable para cualquier sociedad.
Organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han señalado los riesgos de prolongar estados de excepción sin contrapartidas institucionales. La militarización tiende a trasladar responsabilidades, pero no sustituye al sistema judicial: controles y detenciones masivas sin investigaciones sostenibles alimentan la percepción de arbitrariedad. Según ONGs consultadas por France 24, también hay un costo social: miedo, restricciones en el espacio público y mayor tolerancia a medidas de excepción.
En términos concretos la militarización mostró logros puntuales: reducción de delitos en ejes estratégicos, mayor despliegue en zonas de alto riesgo y apoyo logístico en operativos contra líderes del crimen. Pero esos efectos son frágiles y geográficamente limitados. Comerciantes de la ciudad reportan que, pese a la presencia castrense, los extorsionadores y microtráfico siguen activos, adaptándose a nuevas rutas y tácticas.
¿Qué queda por hacer? Expertos consultados por este medio y por France 24 insisten en que la respuesta debe cambiar de ritmo: reformar el sistema judicial para reducir la impunidad, mejorar la gestión penitenciaria, fortalecer a la policía con formación y transparencia, y articular políticas sociales que lleguen a jóvenes en riesgo. La alternativa no es retirar a las fuerzas, sino devolverles un rol concertado con la comunidad y la justicia.
La prolongación de medidas extraordinarias durante casi tres años plantea una pregunta política y moral: ¿hasta cuándo se sostienen restricciones excepcionales en nombre de la seguridad sin abrir una vía sólida hacia la normalidad democrática? La experiencia de estos 1.000 días sugiere que la militarización puede ganar tiempo, pero no sustituye la inversión en educación, empleo y justicia que reduce la violencia a largo plazo.
Desde Guayaquil, reportaje de Carolina Mella para France 24.