Tras amenaza de paro, Ine acuerda 6% de aumento para personal de módulos; trabajadores lo califican insuficiente
Ante el amago de paro laboral, el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó un aumento salarial del 6% para el personal de nivel FA1 que labora en los módulos de atención ciudadana, con vigencia a partir de enero de 2027. La oferta, informó el propio INE, busca desactivar la protesta y garantizar la continuidad en la emisión de la credencial para votar, servicio que millones de mexicanos requieren para ejercer sus derechos cívicos.
La decisión llega después de jornadas de presión por parte de trabajadores de módulos que denunciaron desgaste laboral, jornadas extendidas y pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Representantes del personal calificaron la propuesta como un avance, pero advirtieron que no cubre totalmente sus demandas históricas ni los rezagos acumulados.
En un comunicado, el INE aseguró que el incremento será incorporado al proyecto presupuestal para 2027 y que la medida pretende conservar la operación regular de los módulos. No obstante, especialistas en administración pública consultados por este medio subrayan que cualquier ajuste salarial tiene efecto presupuestal real: o se reasignan recursos internos o se requiere mayor apoyo financiero para proteger otras áreas del instituto.
Para la ciudadanía, un aumento puede traducirse en mejor rotación de personal y mayor estabilidad en la atención. Sin embargo, existe el riesgo opuesto: si el incremento se financia recortando partidas de supervisión, capacitación o mantenimiento, el servicio podría resentirse. Ese es el punto que expertos y representantes laborales pedirán aclarar en las próximas semanas.
Un trabajador de un módulo en la Ciudad de México, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que el 6% es «una señal, pero insuficiente». Explicó que los costos de transporte y alimentos han subido y que muchos compañeros consideran que la oferta no compensa la carga de trabajo ni el desgaste emocional por la interacción constante con el público.
La negociación también pone en relieve un problema mayor: la precariedad de empleos afiliados a niveles salariales como el FA1 y la dificultad para retener personal capacitado en plazas que son, a la vista de los ciudadanos, fundamentales para la democracia cotidiana. Desde una perspectiva de política pública, elevar salarios sin un plan integral de profesionalización y mejora de condiciones laborales puede convertirse en un parche temporal.
Fuentes dentro del INE indicaron que el instituto está dispuesto a abrir mesas de diálogo para detallar el mecanismo de aplicación del aumento y monitorear su impacto. Los representantes del personal, por su parte, anunciaron que vigilarán que los pagos se realicen puntualmente y que esperan una propuesta complementaria sobre contratación, salud laboral y capacitación.
La noticia, cuya información base proviene del propio INE y de testimonios de trabajadores, deja en claro una tensión recurrente: las instituciones públicas pueden ceder ante la presión, pero las soluciones duraderas requieren transparencia en el gasto, voluntad política y reconocimiento real de las condiciones laborales. La ciudadanía, final beneficiaria del servicio, necesita que esos avances no se queden en anuncios y se traduzcan en atención estable y accesible en los módulos.