Ueno Bank cae y deja a miles sin respuestas; la figura de Peña bajo escrutinio
El desplome de Ueno Bank, el primer banco nativo digital de Paraguay, abrió una grieta que ya no es solo financiera: es política y social. Tras captar millones de clientes en pocos años, la intervención de la entidad por parte de autoridades regulatorias dejó a centenares de ciudadanos sin acceso a sus ahorros y a un presidente, Santiago Peña, en el centro de la controversia por su vínculo previo con el grupo controlador.
Según informes periodísticos de ABC Color y Reuters y documentación consultada en fuentes oficiales, el Banco Central del Paraguay intervino la entidad luego de detectar irregularidades en la gestión y en la liquidez. Miles de usuarios reportaron cuentas bloqueadas, transferencias fallidas y la imposibilidad de cobrar salarios o pensiones. En la práctica, el colapso de Ueno Bank se sintió en la economía cotidiana: negocios sin caja, familias que no pudieron pagar medicinas y trabajadores que no recibieron su salario a tiempo.
Testimonios recogidos por la prensa describen escenas que recuerdan a una quiebra de barrio: una mujer mayor que no pudo cobrar su jubilación, un joven emprendedor cuyos proveedores le suspendieron entregas por falta de pagos. Estos relatos ponen rostro al impacto de una falla institucional que, más que números, deja personas en la calle buscando explicaciones.
La polémica política no se hizo esperar. La oposición y organizaciones de consumidores exigen una investigación profunda y pública. Parte del reclamo se ancla en un dato político: Santiago Peña fue accionista del grupo controlador de Ueno Bank antes de asumir la presidencia, un vínculo que ahora cuestionan actores sociales y políticos por posibles conflictos de interés. Medios como La Nación han reproducido pedidos de explicaciones por parte de legisladores que piden una comisión investigadora en el Congreso.
Las autoridades, por su lado, aseguran que se evalúan mecanismos para proteger a los depositantes y evitar contagios en el sistema financiero, según comunicados recogidos por ABC Color. Pero la falta de soluciones inmediatas alimenta la desconfianza. En países donde la regulación falló, la reparación social tardó años; aquí la urgencia es que no ocurra lo mismo y que la respuesta no sea solo técnica sino también humana.
Este episodio plantea preguntas sobre la supervisión del sector fintech y los riesgos de crecimiento acelerado sin controles adecuados. Las lecciones son claras: innovación sin reglas puede terminar en desastre social; la protección de ahorros debe ser prioridad, no opción. Ciudadanos y organizaciones piden transparencia, rendición de cuentas y medidas que permitan recuperar fondos y restablecer la confianza.
La cobertura de ABC Color y los reportes de Reuters y La Nación siguen siendo fuentes claves para entender la evolución del caso. Mientras tanto, en las calles de Asunción y otras localidades, la exigencia es simple y urgente: respuestas y un plan claro para que los ahorros de la gente no se conviertan en la factura de una crisis que pudo haberse evitado.