Alerta en Washington por presunta cesión de la infraestructura digital de México a Huawei
Estados Unidos mantiene bajo observación al titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Pepe Merino, por posibles acuerdos que comprometerían la soberanía tecnológica mexicana.
Estados Unidos ha encendido las alarmas ante lo que funcionarios y fuentes diplomáticas califican como señales preocupantes sobre la relación entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por Pepe Merino, y la empresa china Huawei. Según fuentes diplomáticas estadounidenses consultadas por este periódico, Washington vigila de cerca cualquier movimiento que pueda otorgar a un solo proveedor el control de redes críticas, algo que consideran un riesgo para la seguridad y la independencia tecnológica.
La discusión no es técnica para pocos. Se trata de quién administra los datos de salud, las plataformas educativas, los sistemas de cobro electrónico y las redes de comunicaciones que conectan a millones de familias. Entregar esa llave a un actor con vínculos estrechos con un gobierno extranjero, advierten analistas, es como dejar la llave del agua en manos de quien controla la presa: puede haber eficiencia, pero también dependencia y vulnerabilidad.
Pepe Merino y la Agencia han defendido en el pasado la necesidad de modernizar la infraestructura digital para cerrar brechas y llevar servicios públicos a comunidades marginadas. Esa meta es legítima y urgente. El problema, indican expertos en seguridad digital consultados por este diario, es la falta de transparencia y de salvaguardas claras en procesos de contratación y homologación tecnológica.
Desde Washington, los temores se centran en la posibilidad de que acuerdos opacos comprometan la capacidad del Estado para auditar redes, garantizar privacidad y evitar intervenciones externas. En México, organizaciones civiles y académicos piden controles estrictos: licitaciones abiertas, auditorías independientes y reglas claras para proteger datos sensibles.
La agenda pública debería articular dos prioridades simultáneas: acelerar la inclusión digital sin hipotecar la soberanía tecnológica. Eso requiere más que discursos; exige contrapesos institucionales, participación ciudadana y evaluación técnica abierta. Si el Gobierno busca traer conectividad y servicios, debe demostrar que lo hará sin atar al país a proveedores que limiten su autonomía.
Para los ciudadanos, la pregunta es simple: ¿quién tendrá la llave de nuestra infraestructura digital? La respuesta debe darse con evidencia, debate público y control democrático, no entre bastidores ni a la sombra de intereses geopolíticos. Este periódico seguirá consultando a fuentes diplomáticas y a expertos para documentar los hechos y exigir transparencia.