En estos días, el dolor por las víctimas de feminicidio se expresa en altares, marchas y reclamos que no cesan. Los titulares recientes de medios nacionales nos recuerdan la magnitud de la violencia y la deuda de justicia en México. El Heraldo de México reporta la colocación de un altar al feminicidio emocional, mientras El Sol de México da cuenta de un altar de muertos para víctimas de feminicidio en Querétaro. Estos actos simbólicos, lejos de ser simples rituales, son una forma de resistencia y memoria que desafía el olvido y exige respuesta.
La muerte de Kata Malacara, rapera mexicana, presuntamente víctima de feminicidio (Facebook), así como los casos de Helen Ramírez –cuyo presunto responsable sigue prófugo según Telediario– y Yulieth en Tlalmanalco, cuya familia exige justicia (La Jornada Estado de México), evidencian la urgencia ante la impunidad persistente. La constante es la exigencia: justicia para las víctimas y la garantía de que sus casos sean investigados y no archivados.
La memoria como justicia y la denuncia como inicio
«La memoria es una forma de justicia…» titula El Heraldo de México. Coincido plenamente. Recordar a quienes han sido asesinadas es un acto político: la memoria desafía la indiferencia institucional y social. En cada altar y marcha se grita lo que muchos prefieren no ver. No es suficiente la conmoción mediática ni los actos simbólicos; la justicia requiere acciones concretas, investigaciones diligentes y un sistema que no re victimice a las familias.
El Heraldo de México también apunta que denunciar es el comienzo de la justicia. Es cierto: la denuncia es el primer paso, pero debe ir acompañado de protección, acompañamiento y la certeza de que el Estado cumplirá su parte. Las familias no deberían cargar solas con la exigencia de justicia ni exponerse a riesgos adicionales.
La exigencia colectiva y el rechazo a la impunidad
No es un reclamo aislado. En Uruapan, miles marcharon exigiendo justicia para Carlos Manzo, como reporta La Prensa de Coahuila. Su viuda, Grecia Quiroz, ha reiterado su demanda: «no queremos impunidad» (Grupo Animal), «que la investigación no se detenga» (Milenio), y ha dirigido su reclamo directamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum (HolaNews, La Crónica de Hoy). Estos reclamos se entrelazan con los de familiares de mujeres asesinadas; la exigencia es la misma: que la justicia no sea una promesa vacía.
El simbolismo de la estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos de Uruapan, develada por Grecia Quiroz (El Universal), y los altares a las víctimas de feminicidio, nos recuerdan que la memoria colectiva impulsa el cambio social. Pero la dignificación de las víctimas sólo será real cuando los responsables enfrenten consecuencias y el ciclo de impunidad se rompa.
Justicia más allá de castigo
En medio de esta lucha, N+ se pregunta: «¿Más cárceles significan más justicia?» La respuesta no es sencilla. La justicia va mucho más allá de la prisión: implica reparación integral para las víctimas y sus familias, reconocimiento de la verdad y prevención de nuevas violencias. Necesitamos un Estado que garantice derechos y no criminalice la protesta o la denuncia.
La justicia social y de género demanda transformar las estructuras que permiten la violencia y la impunidad. El altar, la marcha, la denuncia y la memoria son pasos fundamentales, pero el compromiso real requiere políticas públicas efectivas, recursos suficientes y voluntad institucional para actuar, no sólo reaccionar. Las víctimas y sus familias merecen mucho más que el olvido; merecen verdad, justicia y garantías de no repetición.
Lo sostengo: la memoria es resistencia, la denuncia es acción y la justicia debe ser una realidad. No podemos permitirnos normalizar el feminicidio ni la impunidad. Exijamos, colectivamente, un país donde ninguna familia tenga que gritar justicia en solitario.