Renuncia viceministro Silva y apunta al ministro por rebajas a pederastas
Santiago, Alberto Peña. El viceministro de Justicia, Luis Silva, presentó su renuncia esta mañana en medio de una crisis política y social desatada tras conocerse que las condenas de cerca de medio centenar de abusadores sexuales podrían verse reducidas. Según el propio Silva, en publicaciones en sus redes sociales, la decisión «fue tomada bajo criterio del ministro de Justicia».
La versión del viceministro aparece justo cuando organizaciones de protección a la infancia levantan la voz y familias de víctimas exigen explicaciones. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron a este diario que existe un procedimiento interno para revisar beneficios penitenciarios y que algunos casos están siendo reevaluados por comisiones técnicas. Sin embargo, la acusación pública de Silva pone el foco en la responsabilidad política y no solo en trámites administrativos.
El anuncio de Silva —que vinculó la rebaja de penas a una directiva superior— ha encendido una discusión sobre transparencia y seguridad. Para muchos expertos consultados, la sospecha central no es solo si se aplicaron criterios legales, sino si se priorizó la gestión de expedientes por sobre el impacto en las víctimas y el riesgo de reincidencia. El Ministerio, según su vocería, asegura que cualquier modificación se ajusta a la ley y a informes técnicos del Poder Judicial.
En la esfera política, la oposición exige una investigación parlamentaria y llamadas a que el Ejecutivo aclare el proceso. Desde el gobierno, fuentes en La Moneda señalan que se requieren análisis objetivos antes de sacar conclusiones y que se abrirá una indagación interna. Mientras tanto, organizaciones como el Consejo de Defensa de la Infancia (según declaraciones públicas) piden medidas inmediatas para proteger a posibles víctimas y garantizar que no haya beneficios indebidos para quienes cometieron delitos sexuales.
Para la ciudadanía, la controversia cristaliza una sensación de desconfianza: cuando el sistema legal parece moverse entre tecnicismos y decisiones políticas, las víctimas y sus familias son quienes pagan el costo más alto. El caso también reaviva preguntas sobre recursos para fiscalía, rehabilitación y programas de prevención.
La renuncia de Silva abre un capítulo de preguntas abiertas: quién firmó las instrucciones concretas, qué criterios técnicos se aplicaron y si habrá responsabilidades administrativas o penales. Nuestro corresponsal Alberto Peña seguirá la cobertura para informar los avances de la investigación y las reacciones en el Congreso y en la sociedad civil.