Diputados buscan incluir programa nacional para personas LGBTTTIQ+ vulnerables
La Cámara de Diputados informó en un comunicado oficial que la Comisión de Diversidad impulsará la creación de un programa integral destinado a atender a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en situación de mayor vulnerabilidad. La solicitud se hará llegar a la Secretaría de Bienestar para que ese programa se incorpore como parte del Anexo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.
El presidente de la comisión, el diputado Jaime Genaro López Vela (PVEM), explicó que la propuesta busca dar respuesta “de manera urgente” a necesidades que hoy suelen quedar fuera de los programas sociales convencionales. Puso especial énfasis en las mujeres trans, a las que identificó como el grupo más violentado: “como lo acabamos de constatar con los tres transfeminicidios de los últimos días”, señaló.
Según el comunicado, el Anexo 33 —presentado el 15 de octubre en la Cámara— es el mecanismo presupuestal que por primera vez reconoce y agrupa las acciones transversales del gobierno federal dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, incluida la diversidad sexual y de género. El documento calcula que estas acciones rondan los 43 mil millones de pesos y se distribuyen entre 29 instituciones.
Un punto relevante de la iniciativa es que no se limita a transferencias económicas: los legisladores hablan de un paquete que incluiría atención específica en salud, acompañamiento y mecanismos para garantizar acceso a la justicia. López Vela añadió que la comisión seguirá presionando para incluir en el PEF la implementación de un nuevo modelo de atención al VIH, recordando que la enfermedad sigue siendo una amenaza para estas poblaciones.
En el mismo bloque de trabajo, la comisión aprobó por seis votos a favor un punto de acuerdo para pedir a las 32 fiscalías estatales que implementen de manera urgente el protocolo homologado para investigar delitos contra personas de la diversidad sexual y de género. La idea es establecer criterios comunes que eviten investigaciones deficientes o sesgadas por prejuicios.
La diputada María Damaris Silva Santiago (Morena), proponente del punto de acuerdo, señaló que no puede hablarse de acceso efectivo a la justicia si las personas LGBTTTIQ+ siguen enfrentando prácticas discriminatorias dentro de las instituciones encargadas de protegerlas. En términos prácticos, la homologación busca que una víctima trans en Chihuahua reciba la misma calidad de investigación que una víctima en Veracruz, sin que el prejuicio o la ignorancia definan el curso del caso.
¿Qué significa esto para la gente? Si la propuesta se aprueba y el presupuesto llega a concretarse, podría traducirse en más centros de atención con personal capacitado, campañas de prevención del VIH adaptadas a realidades diversas, y fiscalías con protocolos que reduzcan la revictimización. En el peor de los casos, si el Anexo 33 se queda en una lista de buenas intenciones, la realidad seguirá siendo la misma: personas trans y otras poblaciones LGBTTTIQ+ exponiéndose a violencia y barreras para acceder a servicios básicos y justicia.
La iniciativa llega en un contexto tenso: los llamados recientes por los asesinatos de mujeres trans ponen de relieve que las políticas públicas actuales no han frenado la violencia. Incorporar un programa en el PEF es un paso administrativo necesario, pero no suficiente; requerirá seguimiento, recursos efectivos y capacitación permanente en todas las instituciones implicadas para que la promesa se traduzca en atención real.
La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados, que será el punto de partida para las negociaciones presupuestales rumbo al PEF 2027.