Más de un millón de líneas quedan sin servicio tras suspensión del CRT por falta de registro
Ciudad de México. El apagón tarifario llegó esta semana a quienes terminan su número en 4: el CRT suspendió el servicio de más de un millón de líneas por no completar el registro obligatorio con la CURP, una medida que las autoridades defienden como contra el fraude, pero que en la práctica dejó a familias y negocios sin comunicación.
A la fecha, el 88.2% del total de personas con números con esta terminación hicieron el registro con la CURP, según cifras que maneja el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esa alta adhesión no evitó, sin embargo, que quedaran fuera cientos de miles de usuarios que —por rezago administrativo, fallas técnicas o desconocimiento— no lograron completar el trámite y perdieron el servicio temporalmente.
Para muchos, la suspensión fue un golpe que expone una doble falla: un diseño de política que castiga en bloque a quienes no timbraron a tiempo y una implementación sin redes de protección social que expliquen y acompañen a la gente en el proceso. “Me dejaron sin el número para pedir medicinas y avisar al trabajo”, dice María, vecina de Iztapalapa, frustración que coincide con testimonios que circularon en redes y en los buzones de atención ciudadana de las empresas telefónicas.
El CRT, en sus comunicados, argumenta que la limpieza del padrón y la vinculación de número con CURP permiten combatir el robo de identidad y el fraude en servicios prepagos. El IFT, por su parte, ha destacado avances en la depuración del mercado. Sin embargo, organizaciones como la Red por la Protección de Datos y asociaciones de usuarios señalan que la medida se aplicó con poca tolerancia y sin mecanismos claros de subsanación inmediata.
El impacto material es directo: pequeños comercios perdieron pedidos, trabajadores informales quedaron incomunicados y personas en zonas rurales vieron cortada la principal vía para trámites y emergencias. En ese sentido, la medida revela una tensión clásica de políticas públicas: la seguridad colectiva frente al costo individual. No todos los gobiernos aprenden con la misma rapidez cuando la solución técnica se impone sin redes sociales de apoyo.
Las telefónicas —entre ellas Telcel, AT&T y Movistar— reportaron una ola de quejas en sus centros de atención. Algunas empresas habilitaron ventanillas y canales exprés para validar CURP y reactivar líneas, pero la demanda superó la oferta y muchos usuarios esperaron horas o días. El Registro Nacional de Población (RENAPO) afirmó que la información está disponible, pero reconoció cuellos de botella en la atención presencial en municipios pequeños.
¿Qué se necesita ahora? Primero, plazos ampliados y campañas de información claras, coordinadas entre el CRT, el IFT y el RENAPO. Segundo, mecanismos de reactivación inmediata para casos sensibles: atención médica, trabajadores esenciales y pequeños negocios. Y tercero, auditoría pública sobre cómo se desarrolló la suspensión para evitar que errores administrativos o tecnológicos conviertan una medida legítima en un castigo indiscriminado.
La política de registro con CURP tiene sentido si protege a la ciudadanía del fraude; falla si deja a la gente sin opciones. Como recuerda la Red por la Protección de Datos, la transparencia y la proporcionalidad deben gobernar cualquier ajuste masivo: las soluciones técnicas deben venir acompañadas de humanidad y de vías efectivas para reparar daños.
El llamado es claro y directo: que el CRT, el IFT, las compañías telefónicas y el RENAPO trabajen juntos y rápido para restituir el servicio a quienes lo necesitan, sin dilaciones que agraven la vida cotidiana de millones.