Gobierno propone código escolar que controla peinados y maquillaje y genera rechazo
La reciente iniciativa del Ejecutivo para implantar un nuevo código escolar que regula la apariencia de estudiantes —incluyendo la obligación de llevar el pelo corto y la prohibición del uso de maquillaje— encendió un debate público que ya trasciende las aulas. Según un reporte de El Comercio, la propuesta forma parte de un paquete de medidas de la presidenta Keiko Fujimori que también incluye una mayor presencia conjunta de policías y militares en las calles para “poner orden”.
La mandataria defendió la medida argumentando que busca disciplina y orden en los colegios, en sus palabras, poner «orden» también en las escuelas. Sin embargo, organizaciones civiles, sindicatos de docentes y la Defensoría del Pueblo han expresado preocupación por los efectos sobre derechos fundamentales y la autonomía de las familias. La Defensoría, citada por diversos medios, advirtió que normas de este tipo pueden vulnerar derechos a la identidad y la igualdad.
Para una madre de Lima, entrevistada por El Comercio, la propuesta suena a una solución de talla única para problemas complejos: “El colegio debería preocuparse por la calidad de la enseñanza y la seguridad, no por el largo del cabello de mi hija”, dijo. Docentes consultados por este diario coinciden en que la medida delega en las escuelas responsabilidades que requieren recursos y formación, no reglas estéticas.
Las encuestas públicas muestran además que el impulso inicial del gobierno pierde impulso entre la ciudadanía. Sondeos de opinión de Ipsos, difundidos esta semana, apuntan a un desgaste en la percepción favorable hacia la gestión, en parte por la interpretación autoritaria que algunos atribuyen a estas medidas. Para muchos votantes la prioridad sigue siendo la seguridad, el empleo y la mejora de servicios, no el control de la apariencia en los planteles.
El impacto práctico sería inmediato y desigual. Familias de menores recursos podrían enfrentar presión para ajustar la imagen de sus hijos, con gastos adicionales o sanciones si no cumplen. Para estudiantes de comunidades rurales o poblaciones indígenas, imponer un estándar único de apariencia puede chocar con prácticas culturales y agravar la sensación de exclusión. Expertos en educación consultados por este medio recuerdan que políticas escolares efectivas suelen centrarse en infraestructura, capacitación docente y programas socioemocionales, no en reglas estéticas.
La discusión también toca la dimensión de género. Activistas por los derechos de las mujeres y grupos LGBTI han señalado que prohibir maquillaje o ordenar cortes de pelo afecta en mayor medida a niñas y jóvenes que expresan su identidad a través de su apariencia. Según la ONG que vela por derechos juveniles, medidas así pueden normalizar controles sobre cuerpos y micromachismos dentro de los centros educativos.
En el Congreso y entre autoridades locales ya se anuncian audiencias públicas. El Ministerio de Educación, según El Comercio, prepara una versión técnica del proyecto para someterla a debate; sin embargo, críticos piden que antes se abra una consulta amplia con comunidades escolares y especialistas en derechos humanos. Si la intención del gobierno es restaurar la confianza ciudadana, lo más prudente sería explicar con datos cuál es el problema concreto que busca resolver y proveer soluciones no punitivas.
La política pública, como una soga, debe sostenerse en el centro: firme para garantizar orden y seguridad, pero flexible para respetar la dignidad individual y las realidades sociales. De lo contrario, la medida corre el riesgo de convertirse en símbolo de control más que en herramienta de mejora educativa, y profundizar el desgaste que hoy muestran las encuestas, según Ipsos.