Diputados discuten Ley de economía digital; Morena la respalda y PAN la critica
La Cámara de Diputados abrió la discusión del dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, y las posturas se dividieron entre quienes la llaman herramienta para la inclusión financiera y quienes la ven como una medida autoritaria. La información proviene de un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.
El representante de Morena, Carlos Hernández Mirón, defendió la iniciativa como una “herramienta necesaria” para impulsar el mercado interno y beneficiar el comercio nacional. Aseguró además que la propuesta no implica un impacto presupuestal adicional porque el Proyecto de Presupuesto de Egresos ya considera 4 mil millones de pesos para la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hernández Mirón citó datos del Inegi según los cuales el 98 por ciento de las mexicanas y los mexicanos cuentan hoy con un celular, por lo que, dijo, existe la base tecnológica para masificar los pagos electrónicos.
Desde el PAN, Homero Niño de Rivera Vela lanzó una crítica dura: llamó al dictamen “autoritario, arrogante y prepotente”. Su objeción central no es la tecnología sino la forma en que se propone aplicarla: dijo que la ley facultaría para definir “sectores estratégicos y actividades relevantes” obligados a aceptar pagos digitales, sin establecer los criterios para esa definición ni mecanismos de defensa para quienes queden comprendidos. “La democracia se trata de ponerle frenos al poder en beneficio de los ciudadanos y todo lo que ustedes nos vienen a proponer aquí siempre es exactamente lo contrario”, afirmó.
Otros partidos respaldaron la iniciativa con matices. El diputado del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, la calificó de “adecuada e indispensable” y destacó que, según el dictamen, la ley obligaría a los tres órdenes de gobierno a implementar transferencias, códigos QR y cobros con tarjeta en trámites y servicios públicos. Resaltó también herramientas como la CURP digital y el expediente digital ciudadano, que, dijo, facilitarían el acceso a créditos y servicios financieros cien por ciento digitales con validez jurídica. El PVEM subrayó además el compromiso estatal de desplegar planes de conectividad para zonas rurales.
El PT, representado por Luis Armando Díaz, defendió la ley como “un avance tecnológico con rostro humano”. Díaz explicó que la transición de economías en efectivo a digitales genera registros de pago que permiten construir historial crediticio y formalizar negocios pequeños, lo que abre puertas al crédito y al crecimiento. También destacó la necesidad de reglas claras sobre seguridad, identidad digital e interoperabilidad para dar certeza a la gente.
En pocas palabras, la discusión enfrenta dos visiones: quienes ven en la norma una oportunidad para expandir servicios financieros y oficializar mecanismos digitales, y quienes alertan sobre riesgos de concentración de poder, falta de criterios claros y posibles afectaciones a la autonomía de comerciantes y ciudadanos. Para la gente común esto significa cambios palpables: desde la forma en que se paga en el mercado o en trámites gubernamentales, hasta la posibilidad de acceder a crédito si sus transacciones quedan registradas.
Quedan preguntas prácticas: ¿quién definirá exactamente los “sectores estratégicos”? ¿los 4 mil millones previstos alcanzarán para desplegar infraestructura en comunidades aisladas? ¿cómo se garantizará la privacidad y la libre elección de quienes hoy operan en efectivo? La discusión en San Lázaro continúa y será clave vigilar que, si la ley avanza, el Estado cumpla con la promesa de llevar conectividad, proteger datos y no dejar fuera a quienes no puedan migrar de inmediato al mundo digital.
Con información de: Cámara de Diputados.