Hacienda reconoce que Amílcar Olán no figura en indagatorias de la UIF
Édgar Amador Zamora, funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que hasta ahora no se ha recibido una orden de la FGR relacionada con el caso.
La Secretaría de Hacienda admitió este jueves que el nombre de Amílcar Olán no aparece en las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La declaración fue hecha por Édgar Amador Zamora, quien precisó que “hasta el momento no se ha recibido una orden de la FGR al respecto”.
La aclaración de Hacienda llega en un clima de exigencia pública por mayor transparencia en los procesos contra posibles irregularidades financieras. La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, es la responsable de analizar reportes y generar alertas para que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe cuando detecta indicios de delitos. Que un nombre no figure en sus indagatorias, explicó Zamora, supone que no hay un expediente activo derivado de una orden formal de la FGR.
Para la ciudadanía, estas precisiones no son un mero tecnicismo: marcan la diferencia entre una investigación formal y rumores que circulan en redes y en la opinión pública. Si las instituciones no explican con claridad sus pasos, la sospecha se cocina en la plaza pública como agua en una olla sin tapa.
Organizaciones civiles y legisladores han pedido en los últimos meses mecanismos más claros para saber cuándo una investigación financiera avanza y cuándo se trata de procesos preliminares. Desde una óptica de rendición de cuentas, la ausencia de información pública sobre los criterios de la UIF y los pasos que sigue la FGR contribuye a la desconfianza.
Consultado sobre posibles siguientes pasos, Zamora subrayó que Hacienda actuará conforme a la normatividad y a las órdenes que reciba de la FGR. En la práctica, eso significa que cualquier cambio en la situación de Amílcar Olán —si llegara a existir una orden— tendría que comunicarse a través de los canales institucionales correspondientes.
Queda, sin embargo, una tarea pendiente: explicar a la gente cómo funcionan estos engranajes administrativos y judiciales. La transparencia no solo es publicar que “no hay expediente”; es detallar qué filtros usan la UIF y la FGR para pasar de una alerta a una investigación formal, y qué derechos tienen las personas señaladas durante ese proceso.
En ese sentido, actores sociales piden que la FGR y la Secretaría de Hacienda rindan cuentas periódicas y accesibles, y que el Congreso ejerza una supervisión más efectiva. Solo así se evita que asuntos que deberían resolverse con pruebas y procedimientos terminen convertidos en rumorología política.
La confirmación de Édgar Amador Zamora sitúa, por ahora, el caso en un terreno administrativo: sin una orden de la FGR, la UIF no registra a Amílcar Olán en sus indagatorias. Lo que sigue dependrá de si aparecen nuevas evidencias o de si las autoridades judiciales deciden abrir una carpeta de investigación formal.