Amlo denuncia ‘pruebas hechizas’ de estados unidos contra Rocha Moya e Inzunza
En su nuevo libro Pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que autoridades de Estados Unidos armaron expedientes contra los morenistas Rocha Moya e Inzunza, y sostiene que a los señalados se les imputaron cargos con lo que llamó «pruebas hechizas». La afirmación, recogida por La Jornada, reaviva el debate sobre la intervención extranjera en procesos judiciales y el uso político de las investigaciones.
La denuncia de AMLO vuelve a poner sobre la mesa dos frentes: la relación bilateral con Washington y la confianza en las instituciones encargadas de investigar delitos. Si lo que plantea el presidente fuera cierto, no sería solo un agravio político: sería una falla grave en los mecanismos de cooperación judicial, con efectos directos en la vida de las personas involucradas, sus familias y en la percepción pública sobre la imparcialidad del sistema.
Para entender el alcance: cuando una acusación internacional llega a México o a la opinión pública, no impacta únicamente en los señalados. Genera dudas sobre procesos de extradición, bloqueos de cuentas, restricciones de viaje y la propia capacidad de un gobierno para defender a sus ciudadanos frente a acusaciones en el extranjero. En términos cotidianos, se parece a que alguien te señale en la plaza pública con pruebas que nadie puede verificar y, aun así, tu vida cambie por ello.
Desde una postura crítica pero constructiva, es necesario pedir claridad. Por un lado, el gobierno federal y las instancias mexicanas competentes deben exigir la exhibición pública de las pruebas que sustentaron las denuncias ante instancias internacionales. Por otro, las autoridades estadounidenses involucradas en cualquier investigación deberían transparentar el origen y la cadena de custodia de los documentos que presentaron.
No todo debe reducirse a una confrontación diplomática. Si existieron irregularidades en la construcción de expedientes, corresponde que se activen los mecanismos de rendición de cuentas y revisión judicial. Si no las hubo, el señalamiento presidencial obliga también a quienes investigan a explicar con datos precisos y verificables, para evitar que la sospecha corroa la legitimidad institucional.
La postura de AMLO, registrada en Pueblo y difundida por La Jornada, también tiene un efecto político interno: fortalece la narrativa de que Morena y sus cuadros son objeto de persecución, lo que puede movilizar a su base social, pero al mismo tiempo tensiona la relación con sectores que reclaman autonomía judicial. La clave, en términos democráticos, es separar la defensa política legítima de la exigencia de que la ley y la verdad prevalezcan.
Como sugerencia pública: transparencia, acceso a las evidencias y diálogo entre autoridades mexicanas y estadounidenses deben ser la respuesta. Los ciudadanos merecen saber si hubo manipulación de expedientes o si la investigación contó con sustento sólido. Sin datos, las acusaciones se convierten en monedas de cambio político y la confianza social se erosiona.
La Jornada fue la fuente que dio cuenta de las afirmaciones de AMLO en su libro. Ahora corresponde a las instancias competentes, en México y en Estados Unidos, abrir las cajas negras y ofrecer respuestas claras. La democracia no se fortalece con silencios: se construye con pruebas, explicaciones y justicia comprobable.