Hidalgo restringe uso de celulares en aulas de primaria y secundaria
El Gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Educación de Hidalgo, anunció una nueva norma que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas de educación primaria y secundaria. El objetivo oficial, según el comunicado, es establecer condiciones para su utilización y evitar que afecten la atención, la convivencia y el desarrollo de los estudiantes.
La medida llega en un momento en que la presencia de dispositivos en la escuela es ya parte de la cotidianeidad. Datos del INEGI muestran que la penetración de teléfonos inteligentes en México es mayoritaria, y muchos adolescentes llevan el aparato como extensión de su vida social y, en algunos casos, como herramienta de apoyo escolar.
Hay ventajas claras: estudios internacionales, como el realizado por la Universidad de Cambridge, han encontrado que restricciones en el uso de móviles en el entorno escolar pueden mejorar el rendimiento académico y reducir distracciones en clase. La OCDE también ha señalado que el uso desregulado de pantallas afecta la calidad del aprendizaje si no se integra con criterios pedagógicos.
Sin embargo, la norma estatal trae interrogantes prácticos y sociales. ¿Cómo se implementará en escuelas con infraestructura mínima? ¿Quién asumirá la responsabilidad si un teléfono se pierde o es robado? Padres y maestros en diversos foros han expresado inquietudes sobre la seguridad y la comunicación con las familias, sobre todo en zonas rurales donde el teléfono es a veces el único medio de contacto urgente.
La prohibición puede ayudar a recuperar espacios de atención colectiva en el aula, pero también corre el riesgo de profundizar desigualdades si no viene acompañada de apoyos concretos. Escuelas con recursos deberán diseñar protocolos, disponer de espacios seguros para resguardar aparatos o instalar sistemas de comunicación alternativos; centros con escasos recursos podrían limitarse a exigir sin dar garantías.
Desde una perspectiva crítica y constructiva, la medida debería incluir capacitación docente, campañas informativas para padres y estudiantes, y criterios claros sobre cuándo el dispositivo puede usarse con fines pedagógicos. El reto es convertir una norma punitiva en una oportunidad para mejorar la convivencia escolar y la calidad educativa, sin criminalizar a quien no tiene otra opción práctica.
La Secretaría de Educación de Hidalgo deberá ahora detallar el reglamento, los mecanismos de supervisión y los recursos destinados a su implementación. La política pública no solo exige buena intención, exige logística y sensibilidad social. Solo así una restricción sobre teléfonos deje de ser un freno y se convierta en una herramienta para enseñar a concentrarse, convivir y aprender mejor.