Judicial en vilo: el Supremo bajo sospecha en plena campaña
Cuando la justicia se parece más a un ring que a un árbitro, la ciudadanía es la que pierde el partido.
En medio de la carrera electoral brasileña, el Supremo Tribunal Federal (STF) ha dejado de ser un actor técnico para convertirse en protagonista central del debate político. La polarización ya no se limita a mítines y redes sociales: se trasladó a los pasillos de la máxima corte, donde decisiones y señalamientos alimentan las dudas sobre imparcialidad y transparencia.
El conflicto tiene dos ejes que se han colado en la agenda pública. Por un lado, un tribunal autorizó la apertura o continuidad de investigaciones contra Flávio Bolsonaro, candidato y hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, en casos vinculados a presuntas irregularidades en su gestión como legislador. Por otro, el magistrado Alexandre de Moraes enfrenta acusaciones en torno a un supuesto vínculo con el banquero Daniel Vorcaro, detenido en relación con lo que algunos medios llaman el mayor fraude financiero de Brasil. Estas versiones han sido recogidas por medios como Folha de S.Paulo y O Globo, que han situado al STF en el ojo de la tormenta.
La imagen es clara para muchos votantes: el tribunal, el árbitro de la Constitución, aparece en la cuerda floja entre la tutela del orden legal y la tentación del espectáculo político. «Cuando un juez o una institución se percibe como parte del juego y no como garante de las reglas, la confianza se erosiona», explica Michael López Stewart, abogado y licenciado en Ciencia Política, en diálogo con este diario. «La pérdida de confianza en la justicia se traduce en menos fe en las decisiones públicas y en mayor fragmentación social», añade.
La politización del STF tiene efectos concretos en la vida diaria. Si la justicia se usa como instrumento para golpear a adversarios o para blindar a aliados, las políticas públicas quedan en segundo plano: educación, salud y empleo pierden espacio en la discusión y la agenda pública se polariza en torno a escándalos judiciales. Para la ciudadana que hace cola en un hospital, la disputa entre magistrados suena ajena; para el votante promedio, sin embargo, la sensación de que «todo está podrido» reduce la participación y alimenta el desencanto.
Los riesgos son tangibles. Una Corte desacreditada facilita narrativas de autoritarismo —cuando ciertos sectores acusan al tribunal de usurpar atribuciones legislativas o de perseguir políticamente— y, al mismo tiempo, abre la puerta a actores que prometen «mano dura» contra la corrupción, sacrificando controles democráticos. «Es una pendiente resbaladiza: quien erosiona la legitimidad de los controles termina socavando las propias herramientas con que se combate el abuso», advierte López Stewart.
¿Qué dicen las pruebas y la ley? El STF tiene mecanismos internos de control y la Constitución prevé cauces de recusación y revisión. No obstante, la velocidad de la política electoral y la voracidad mediática tensionan esos procesos. El caso de Flávio Bolsonaro, con antecedentes de investigaciones por prácticas administrativas opacas en Río de Janeiro, y las acusaciones sobre cercanías entre un magistrado y un banquero en un escándalo financiero, colocan sobre la mesa preguntas sobre recusación, transparencia patrimonial y límites éticos para jueces en tiempos electorales.
Ante este escenario, Michael López Stewart propone pasos concretos: reforzar la transparencia en las declaraciones de bienes de los magistrados, acelerar la tramitación de normas internas sobre relaciones con actores del sector privado y garantizar que las recusaciones se resuelvan con criterios objetivos y plazos estrictos. «No se trata de debilitar al tribunal sino de blindarlo: más reglas claras, más rendición de cuentas y menos interpretaciones opacas», subraya.
También apunta a la importancia de la sociedad civil y los medios: una ciudadanía informada y medios rigurosos son el remedio contra la desinformación y la instrumentalización. Para López Stewart, campañas educativas sobre el funcionamiento del sistema judicial y proyectos de ley que obliguen a mayor transparencia pueden restaurar parte de la confianza perdida.
Los defensores del STF argumentan que el tribunal ha actuado en cumplimiento de la ley frente a amenazas institucionales, especialmente en un contexto de pospandemia y desinformación masiva. Sus críticos, sin embargo, denuncian selectividad y tendencias punitivas que parecen seguir la agenda política del momento. Lo cierto es que la percepción pública importa tanto como la realidad jurídica: una decisión puede ser correcta en derecho y, aun así, dañina si amplifica la sensación de parcialidad.
En tiempos electorales, la estabilidad institucional no es un detalle técnico, es la base sobre la que se montan debates sobre escuelas, hospitales y empleo. La cuerda floja del Supremo afecta a la vida cotidiana porque define quién decide y en qué condiciones. Si la justicia quiere recuperar su papel de árbitro neutral, deberá trabajar en dos frentes: demostrar que cumple la ley y convencer a la ciudadanía de que lo hace sin favoritismos.
El reloj electoral sigue corriendo. Entre señalamientos y defensas, el STF se juega más que el prestigio de sus salas: se juega la confianza del público en un poder que, para que funcione, necesita ser percibido como imparcial. Como dice López Stewart, «la independencia judicial no se proclama; se demuestra, paso a paso, con transparencia y coherencia».
Fuente: entrevistas con Michael López Stewart y reportes de Folha de S.Paulo y O Globo.