Morena apuesta por Julieta Ramírez como corcholata en BC pese a polémica por supuestos vínculos con EU
A días del escándalo que la relaciona con agencias estadounidenses, la decisión reconfigura la lucha política en la frontera
La designación de Julieta Ramírez como la corcholata de Morena rumbo al gobierno de Baja California encendió alarmas y expectativas en igual medida. Según reportes de El Universal y Milenio, la decisión se tomó en las negociaciones internas del partido pese a las acusaciones —hasta ahora no judicializadas— de que la funcionaria habría cooperado con autoridades de Estados Unidos.
Para la ciudadanía de la frontera, esto no es sólo un juego de siglas: pone en el centro temas concretos como seguridad, control migratorio, relaciones comerciales y el acceso a servicios básicos. Si la versión que circula se confirma, la nominación podría debilitar la capacidad de Morena para disputar gobernaturas en estados con fuerte sensibilidad hacia la soberanía y la seguridad fronteriza.
Desde la óptica progresista, el nombramiento plantea dos exigencias claras. Primero, transparencia: Morena y las autoridades deben aclarar qué se investiga, qué pruebas existen y si hubo coordinación formal con alguna agencia extranjera. Segundo, responsabilidad pública: los electores tienen derecho a saber cómo afectará esa relación la política de seguridad y la atención a víctimas, migrantes y comunidades locales.
En Morena algunos militantes celebran la elección como una jugada para mantener presencia en la península; en la sociedad civil se escucha desconfianza. Una vecina de Tijuana, citada por El Universal, resumió el sentir de muchos: “Queremos gobernantes que cuiden la frontera y a la gente, no que traigan preguntas sin respuestas”.
La polémica también obliga a la oposición y a los organismos autónomos a actuar con rigor: revisar documentación, garantizar que no haya impunidad y evitar linchamientos mediáticos. El reto para Julieta Ramírez y para Morena es transformar la controversia en un proceso transparente que permita recuperar confianza, o correr el riesgo de que la sospecha marque la campaña desde su inicio.
En el corto plazo, se esperan solicitudes formales de información y pronunciamientos de instancias estatales y federales. En el medio y largo plazo, la disputa definirá si la narrativa pública se centra en programas sociales y mejoras concretas para Baja California o en debates sobre soberanía y lealtad política.