Sheinbaum pide regulación urgente de la ia y redes; Congreso debe actuar
La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un llamado público para acelerar la regulación de la inteligencia artificial y las plataformas digitales, y advirtió que la influencia de esos medios será mayor en las elecciones del próximo año. Según reportes de La Jornada y El País, la mandataria defendió que el asunto debe discutirse “de forma amplia” en el Congreso de la Unión y con la participación de autoridades como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
El mensaje tiene doble filo: reconocer el poder transformador de la tecnología, pero también subrayar sus riesgos para la vida pública. La inteligencia artificial y los algoritmos que moldean lo que vemos en redes sociales no son neutrales. Funcionan como filtros y altavoces: pueden llevar campañas de salud pública y educación a comunidades aisladas, pero también amplifican desinformación, multiplican noticias falsas y facilitan microsegmentación electoral sin controles claros. Organizaciones internacionales y medios como Reuters han documentado cómo, en otras latitudes, estas herramientas han sido empleadas para manipular preferencias y erosionar confianza en las instituciones.
Para la ciudadanía, la disputa no es teórica. Imaginemos una vecindad donde los vecinos reciben mensajes distintos sobre una misma elección o sobre una vacuna: la plaza pública se fragmenta en burbujas que ya no se cruzan. Eso afecta decisiones cotidianas —a quién votar, en qué creer, a qué tratamiento médico acceder— y crea externalidades sociales como polarización y vulnerabilidad ante fraudes informativos.
La propuesta de Sheinbaum llega en un contexto en el que el Estado mexicano carece de una regulación integral sobre algoritmos y plataformas digitales. Hay normas dispersas sobre protección de datos personales y comunicación, pero pocos marcos que obliguen a las empresas tecnológicas a transparentar criterios de recomendación, etiquetar contenido manipulado o permitir auditorías independientes. Esa laguna ha sido señalada por especialistas y por organismos internacionales citados por El País y La Jornada.
No todo es negativo: la regulación puede ser una herramienta para consolidar derechos. Con reglas claras se podrían exigir contratos laborales más justos en la economía digital, protección de datos más estricta para quien consulta servicios de salud, y mecanismos que impidan la venta indiscriminada de perfiles electorales. Desde una óptica de centro-izquierda, eso significa que la intervención pública debe proteger a la mayoría frente a la extracción de datos y al abuso de poder de unas cuantas plataformas transnacionales.
Sin embargo, el camino tiene obstáculos. El ritmo legislativo es lento, la capacidad técnica de las instituciones aún es limitada y las empresas tecnológicas presionan por autorregulación. Además, como han documentado medios internacionales, existe el riesgo de políticas mal diseñadas que, bajo el pretexto de seguridad, censuren voces críticas o fortalezcan el control estatal de contenidos.
Qué podría incluir una regulación eficaz y con enfoque democrático. Primero, transparencia obligatoria: las plataformas tendrían que revelar criterios básicos de funcionamiento de sus algoritmos y permitir auditorías independientes. Segundo, etiquetado de contenidos sintéticos y deepfakes para que las personas distingan lo real de lo manipulado. Tercero, límites a la microsegmentación política y medidas para auditar gasto y orientación de campañas digitales. Cuarto, inversión pública en alfabetización digital y en herramientas que permitan a la sociedad civil verificar información. Quinto, sanciones claras cuando una plataforma facilite la desinformación masiva o vulneraciones de datos.
Estas propuestas no son ocurrencias: organismos como la ONU y la OCDE han sugerido marcos similares, y periodistas de Reuters han documentado casos que muestran la urgencia de normas con dientes. En México la discusión deberá pasar por el Congreso de la Unión, donde se enfrenta la tensión entre rapidez y calidad normativa: legislar deprisa para evitar daños electorales, pero sin dejar de construir instituciones sólidas que supervisen su cumplimiento.
La sociedad también tiene responsabilidad. La regulación no sustituye la vigilancia ciudadana: universidades, colectivos de verificación y medios independientes deben estar en la mesa de debate y exigir transparencia. Si la regulación solo se acuerda entre tecnócratas y las empresas, será tibia y fácilmente eludible. Si, en cambio, se construye con participación amplia —comunidades, sindicatos, organizaciones de derechos digitales— tendrá mayor legitimidad y eficacia.
Sheinbaum colocó el tema en la agenda pública con un sentido de urgencia pertinente. El desafío ahora está en no convertir la alerta en mera retórica. El Congreso tiene la palabra y la responsabilidad de transformar un riesgo tecnológico en una oportunidad para democratizar la era digital. Como dijo un especialista citado por La Jornada, no se trata de apagar la luz, sino de ajustar el interruptor para que ilumine a todas y todos.