Empresas al límite: impuesto sobre 3.3% de ventas podría cobrar ISR aun si hay pérdidas
Si el proyecto de Presupuesto 2027 avanza, a partir del próximo año las empresas tendrían que pagar ISR calculado sobre al menos el 3.3% de sus ventas, según propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En cristiano: el fisco pretende gravar una base presunta de ingresos, de modo que algunas firmas pagarían impuestos aunque sus estados financieros muestren pérdidas.
La medida busca, en palabras de la SHCP, reducir la evasión y ampliar la base tributaria. Pero no es neutral: para muchas pequeñas y medianas empresas, esa presunción equivale a cobrar la renta aunque la casa esté vacía. Empresarios consultados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y por Coparmex advierten que la regla asfixiaría flujos de caja, elevaría costos y podría acelerar cierres, sobre todo en sectores con márgenes estacionales o caídas temporales de demanda.
Imagínese la panadería de la esquina que este año tuvo ventas por problemas de suministro: aunque en su contabilidad registre pérdidas, con la presunción del 3.3% tendría que pagar ISR mínimo. Para negocios con márgenes reducidos o con temporadas bajas, ese impuesto funciona como un impuesto al movimiento, no al beneficio, y puede convertirse en un lastre que impide la supervivencia.
Hay también argumentos a favor: analistas y funcionarios señalan que la medida obligaría a grandes contribuyentes a contribuir de manera más equitativa y cerraría huecos legales que permiten declaran pérdidas reiteradas. El reto es cómo aplicar esa presunción sin golpear desproporcionadamente a las micro y pequeñas empresas, que según datos del INEGI son la columna vertebral del empleo en el país.
Posibles soluciones constructivas: establecer umbrales y exenciones claras para micro y pequeñas empresas; fijar plazos y mecanismos de acreditamiento para evitar doble gravamen; y complementar la reforma con controles efectivos a la evasión de grandes corporativos. También sería imprescindible un estudio de impacto y audiencias públicas para que los diputados conozcan efectos sector por sector.
La discusión no es solo técnica: es política y social. Si la SHCP impulsa la medida, el Congreso debe abrir el debate con transparencia y datos. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir un intento legítimo de mayor recaudación en una regla que castigue la supervivencia de negocios locales y aumente la precariedad laboral.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reacciones del Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex; datos contextuales del INEGI.