Peligra la radio comunitaria: cambios del gobierno dejan en vilo a emisoras de paz
“Somos el único medio de información” en territorios apartados, dice una periodista local que pidió mantener su nombre por seguridad. Esa frase resume por qué la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella —y la incertidumbre que generó— golpeó con fuerza a comunidades rurales: las 20 Emisoras de Paz surgieron como canales vitales para avisos, denuncia y memoria en zonas cruzadas por la violencia, y ahora su continuidad está en discusión.
Después de casi tres semanas sin programación no musical, 16 de las 20 emisoras volvieron al aire el lunes 7 de septiembre, pero con nuevo nombre y una parrilla renovada que, según trabajadores y oyentes, reduce espacios locales y críticos. “Antes hablábamos de desapariciones, cultivos ilícitos, salud pública. Ahora sentimos que nos re-encuadran”, explica la periodista regional a la que consultó este medio.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha advertido históricamente sobre los riesgos que enfrentan los medios comunitarios en Colombia: desde censura indirecta hasta ataques contra periodistas. Independencia y pluralidad son piezas clave para que estas emisoras cumplan su función de servicio público en municipios con escasos canales de información. Organizaciones como Indepaz y la Defensoría del Pueblo han señalado también la importancia de mantener espacios locales para la prevención del conflicto y la protección de derechos humanos.
El cambio ordenado por la administración de De la Espriella ha sido presentado, en comunicados oficiales previos a esta reforma, como una “normalización” y “reorientación” de contenidos. Para muchos trabajadores esa explicación no despeja temores: temen que la nueva línea editorial impida abordar hechos locales que incomodan a actores con poder político o económico en el territorio. “Si nos despojan del enfoque comunitario, las emisoras se convierten en música de fondo, no en vigilancia social”, apunta otro integrante de una de las estaciones afectadas.
En la práctica, las consecuencias son concretas. Las emisoras funcionaban como alertas tempranas durante desplazamientos, para avisos de campañas de salud o para coordinar respuesta en emergencias climáticas. La pérdida de esos espacios puede traducirse en menos acceso a información crítica y en un mayor aislamiento de poblaciones rurales. FLIP ha documentado casos donde la reducción de cobertura local aumenta la impunidad frente a violaciones de derechos.
Expertos en telecomunicaciones y comunicación comunitaria consultados por este periódico señalan que hay soluciones técnicas y administrativas: garantías legales que protejan la autonomía editorial, mesas de seguimiento con participación comunitaria, y mecanismos de transparencia en los contratos y nombramientos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Defensoría del Pueblo pueden jugar un papel de veeduría, según coinciden fuentes técnicas.
Para muchos periodistas y oyentes, la discusión excede lo simbólico. “La radio es la cuerda que conecta a las veredas con los servicios básicos; si la cortan, la gente se queda sin voz”, dice la periodista que citamos al inicio. La recomendación de organizaciones como Indepaz y FLIP es clara: cualquier reforma debe abrir espacios de consulta real con las comunidades y proteger la pluralidad informativa, no homogeneizarla.
Mientras tanto, las emisoras recuperadas transmiten con limitaciones y con personal que vive en tensión. La pregunta que queda en el aire, y que pesa en municipios donde la radio es más que entretenimiento, es si el Estado verá las emisoras como una caja de resonancia ciudadana o como un instrumento que debe alinearse a nueva línea política.
La respuesta importa en la vida diaria: menos información local es menos capacidad para cuidar la salud, la seguridad y la memoria colectiva. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y actores comunitarios insisten en que la ruta democrática pasa por fortalecer, no por silenciar, las voces que hablan desde las zonas más olvidadas del país.