Proponen registro para quitar herencia a hijos que abandonen a sus padres
Un proyecto en la capital plantea crear un registro de familiares que no cumplieron con obligaciones de cuidado para impedirles reclamar la herencia de adultos mayores.
La Secretaría de Desarrollo Social de la capital presentó esta semana una iniciativa que busca condicionar el derecho a heredar a la conducta previa del posible beneficiario: quienes hayan abandonado o dejado desatendidos a sus padres y/o familiares adultos mayores quedarían inscritos en un registro público y, en consecuencia, no podrían reclamar bienes como herencia.
La propuesta, según la dependencia, nace con la intención de prevenir abusos y otorgar un instrumento legal frente a situaciones de desamparo. En palabras de funcionarios citados por la Secretaría, la medida pretende ser “un disuasivo” frente al abandono filial y una vía para proteger patrimonios destinados a cubrir necesidades del adulto mayor.
En el terreno práctico aparecen varias preguntas. ¿Quién probará el abandono? ¿Qué criterios se usarán para inscribir a una persona? ¿Existirá un procedimiento de apelación? Expertos en derecho consultados por este diario advierten que sin definiciones claras el mecanismo puede convertirse en una herramienta arbitraria, que afecte sobre todo a personas con menos recursos o con conflictos familiares complejos.
La medida tiene aspectos positivos: visibiliza una realidad creciente —el envejecimiento poblacional y la fragilidad de sistemas de cuidado familiares— y busca una sanción social y legal frente al maltrato o la negligencia. Sin embargo, desde una perspectiva social y de justicia, también puede reproducir injusticias si no viene acompañada de políticas públicas concretas: pensiones dignas, servicios de atención domiciliaria, centros de día y apoyo económico para cuidadores.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en políticas públicas remarcan otro punto clave: la prevención. Antes de castigar la pérdida de derechos patrimoniales, conviene invertir en redes de protección, en educación sobre derechos de los adultos mayores y en mecanismos de mediación familiar que resuelvan conflictos sin poner en riesgo la seguridad económica de la persona mayor.
La Secretaría de Desarrollo Social asegura que el proyecto incluirá garantías procesales y mecanismos de verificación, pero hasta ahora no ha especificado los plazos ni los recursos para su implementación. Queda claro que, si avanza, será necesario equilibrar el objetivo legítimo de proteger a la población mayor con salvaguardas que eviten arbitrariedades y discriminación.
En la práctica, la iniciativa puede funcionar como llamada de atención: obligar al Estado a asumir responsabilidades históricas en materia de cuidado y a destinar recursos. Si se queda solo en una lista para negar herencias, sin reforzar servicios, corre el riesgo de penalizar a las familias más vulnerables y de retirar el foco de lo que realmente necesita la gente mayor: dignidad, atención y respaldo económico.
La discusión seguirá en el Concejo Municipal. Mientras tanto, la ciudadanía puede exigir que cualquier cambio legal vaya acompañado de criterios claros, recursos suficientes y vías de reparación para quienes ya viven situaciones de abandono o pobreza en la vejez. La política pública que castiga sin ofrecer alternativas rara vez corrige el problema; puede, en cambio, multiplicarlo.