Rubio y el estado: la estrategia mexicana contra el narco, insuficiente según Washington
El senador estadounidense Marco Rubio reavivó el debate sobre seguridad en México al asegurar que la estrategia contra los cárteles “no está dando resultados”. Las críticas llegaron acompañadas de una observación del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien advirtió que la lucha contra el crimen organizado en México es insuficiente y que en algunos territorios el Estado no ejerce control efectivo.
Las declaraciones, recogidas por agencias internacionales y difundidas en Washington, ponen en primer plano una realidad que reconocen también las cifras oficiales: homicidios y delitos vinculados al crimen organizado se mantienen en niveles altos y la percepción de inseguridad sigue latente en amplias zonas del país. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que la violencia no se ha reducido de manera consistente en los últimos años, y que la presencia de grupos delictivos se concentra en municipios con debilidades institucionales.
Para la sociedad, la discusión no es teórica. Cuando el Estado pierde presencia en una comunidad, las consecuencias son concretas: cierre de comercios, desplazamiento forzado de familias, escuelas con ausentismo y miedo para salir a la calle. Vecinos de regiones golpeadas por la violencia describen patrullajes esporádicos, centros de salud que atienden menos y una economía local que se contrae porque la inversión y el turismo desaparecen.
El gobierno federal ha defendido su enfoque, conocido por priorizar políticas sociales y por el lema “abrazos, no balazos”. Sus autoridades subrayan avances en programas de prevención y en cambios estructurales, pero la narrativa de Washington recalca la necesidad de mejorar capacidades policiales, fortalecer el sistema judicial y atacar las redes de recursos financieros que sostienen a los cárteles.
Expertos consultados por este diario señalan que la discusión no debe reducirse a reproches entre gobiernos. Es indispensable combinar medidas de seguridad con políticas públicas de largo plazo: mejorar la procuración de justicia para que los delitos no queden impunes, profesionalizar cuerpos policiacos locales, proteger a periodistas y defensores, y ampliar oportunidades educativas y laborales en las zonas más vulnerables. También subrayan la importancia de la cooperación bilateral centrada en control de armas, rastreo financiero y programas de prevención comunitaria.
En el terreno político, las palabras de Rubio y Blinken pueden presionar a los dos gobiernos a revisar estrategias y rendir cuentas ante la opinión pública. Para la ciudadanía, la prioridad es ver resultados concretos: calles más seguras, justicia para las víctimas y capacidad del Estado para garantizar derechos básicos. Si no hay cambios perceptibles, la sensación de impunidad y abandono seguirá alimentando tanto la violencia como la migración forzada desde los territorios más afectados.
Ante ese panorama, la pregunta que queda abierta es si México y su vecino del norte podrán pasar de las críticas a una agenda compartida y efectiva que devuelva el control a las comunidades y transforme la violencia en oportunidades reales para la gente.
Fuentes: declaraciones de Marco Rubio y Antony Blinken; datos del INEGI y del SESNSP; análisis de especialistas en seguridad pública.