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Pensiones concentran 67% del gasto social y dejan vacíos en servicios esenciales

Siete de cada diez pesos destinados a apoyos sociales se van a pensiones no contributivas para la tercera edad, según datos oficiales. ¿Qué gana la sociedad y qué se sacrifica?

Siete de cada diez pesos de los apoyos sociales que entrega el gobierno van a pensiones no contributivas para personas adultas mayores. Esa concentración, reportada en datos de la Secretaría de Bienestar y analizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, significa que el 67% del presupuesto etiquetado como «apoyos sociales» está destinado a un solo rubro: la pensión para la tercera edad.

En la práctica eso es una doble lectura. Por un lado, las pensiones han sido una bocanada de aire para millones de familias: reducen la pobreza extrema en hogares con adultos mayores, aumentan el consumo local y alivian el gasto inmediato de salud y alimentación. «Con esos 2,500 pesos al mes puedo comprar medicinas y pagar el transporte al médico», dice Doña Elena, 72 años, vecina de una colonia popular en el centro del país. Para muchas personas esa transferencia es la diferencia entre pasar hambre o llegar a fin de mes.

Pero por otro lado, concentrar tanto recurso en una sola política trae costos. Cuando la mayor parte del presupuesto social se orienta a pensiones no contributivas, quedan menos recursos para otras prioridades: formación y empleo de jóvenes, guarderías, becas, vivienda digna, salud preventiva y atención a personas con discapacidad. Es como llenar un vaso a reventar y dejar la jarra del resto de la familia en el fregadero.

Las señales que envían las cifras son claras. Desde la Secretaría de Bienestar se destaca el avance en cobertura y en reducción de la pobreza entre adultos mayores. El CONEVAL, por su parte, insiste en que la evaluación y la focalización deben mejorar: no basta con gastar, hay que gastar bien. El riesgo es que políticas indispensables a corto plazo se vuelvan parche permanente sin una estrategia integral que atienda ciclos de vida completos.

También hay preguntas sobre sostenibilidad y transparencia. Con recursos concentrados, la presión política por mantener y ampliar la entrega puede dejar en segundo plano la necesidad de controles, auditorías y evaluaciones rigurosas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfrenta así el reto de equilibrar prioridades: cómo sostener un apoyo que tiene impacto social evidente sin sacrificar inversiones en salud pública, educación y obra social que construyen bienestar a largo plazo.

La propuesta plausible no es abandonar las pensiones, sino integrarlas en un sistema más equilibrado. Mejor focalización, evaluaciones periódicas del CONEVAL, transparencia en la ejecución y acompañamiento con servicios: atención primaria de salud, programas de empleo para familiares de quienes reciben la pensión, y políticas para la infancia y la juventud. Pensar el gasto social como una red, no como una manguera dirigida a un solo punto.

Al final, la pregunta «¿Dónde se fue el dinero?» no es retórica. Es una invitación a vigilar cómo el Estado prioriza, a exigir resultados y a participar en la discusión pública. Si las pensiones han salvado a muchos, corresponde ahora que las instituciones —Secretaría de Bienestar, CONEVAL y la Secretaría de Hacienda— expliquen con claridad qué se ha logrado y qué se dejará de hacer por falta de recursos. La sociedad merece saberlo y opinarlo.

Fuentes: Secretaría de Bienestar, CONEVAL y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con información e imágenes de: Reforma