Gas bienestar a cinco años: el desabasto que dejó a familias en una crisis invisible
A cinco años de su creación, Gas Bienestar sigue lejos de la cobertura nacional y enfrenta pendientes en infraestructura y rentabilidad, mientras miles de hogares pagan el costo real del desabasto.
En la colonia San Miguel, al oriente de la Ciudad de México, María Hernández abre la puerta cada mañana con la esperanza de que llegue la pipa. “Llevamos días lavando a hervido y cocinando en la estufa eléctrica cuando hay luz; cuando no, comemos frío”, dice. Su voz resume una realidad que no aparece en los discursos oficiales: familias que soportan inseguridad alimentaria, gastos imprevistos y jornadas perdidas por buscar garrafas cuando falta gas.
Gas Bienestar nació con promesas: bajar precios, combatir monopolios y garantizar abasto. Sin embargo, cinco años después, su alcance sigue limitado. En informes oficiales y en cobertura de medios como La Jornada y El País, queda claro que la empresa pública opera mayormente en la Ciudad de México y zonas aledañas, sin la red de distribución necesaria para sustituir a proveedores privados en todo el país.
Las causas son técnicas, económicas y regulatorias. Fuentes de la Secretaría de Energía consultadas por este diario señalan que la dependencia del suministro de Petróleos Mexicanos para el llenado de cilindros, la falta de inversión en plantas y rutas logísticas, y un marco regulatorio diseñado para un mercado dominado por actores privados han limitado la expansión. La Comisión Reguladora de Energía, por su parte, ha documentado cuellos de botella en permisos y estándares de seguridad que encarecen y retrasan la operación.
En el terreno, el resultado es palpable. Familias pobres y de clase media baja pagan sobreprecio en garrafas informales, cuentan días de cocina limitada y sufren interrupciones cuando las pipas estatales no alcanzan la demanda. “Nos dicen que Gas Bienestar ayuda, pero aquí solo pasa una vez al mes y con pocos cilindros”, agrega Juan López, residente de Iztapalapa. Su testimonio coincide con reportes periodísticos y con quejas ciudadanas registradas ante la Secretaría de Gobierno de la CDMX.
No todo es negativo: donde opera, Gas Bienestar ha logrado contener aumentos extremos y ofrecer precios transparentes frente a la especulación de algunos distribuidores privados. Organizaciones civiles y académicas han reconocido esos avances en análisis publicados en medios como El Universal. Pero los logros son parciales: la viabilidad financiera de la empresa pública sigue en entredicho, pues vender a precios accesibles sin una escala suficiente afecta la rentabilidad y exige subsidios continuos.
El problema, además, tiene un sesgo territorial y social. El desabasto golpea con más fuerza a colonias populares y municipios en la periferia urbana donde la infraestructura es deficiente y el mercado informal prolifera. Según organizaciones de defensa del consumidor citadas en reportes de Milenio, la falta de competencia efectiva y la ausencia de políticas integrales de distribución profundizan la desigualdad en el acceso a un servicio básico.
Expertos consultados por este medio coinciden en que la salida requiere combinar inversión pública en plantas de llenado y logística, regulación más ágil y fiscalización de prácticas monopólicas, así como mecanismos comunitarios de venta y monitoreo que permitan a la población participar y vigilar. La experiencia de los cinco años muestra que una solución solo desde el discurso no basta: hacen falta recursos, planeación y transparencia.
Mientras tanto, para muchas familias la crisis sigue siendo invisible para quienes toman decisiones. Cada garrafa que falta, cada comida que se improvisa, es una medida de la distancia entre una política anunciada y su impacto real en el hogar. Instituciones como la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos tienen sobre la mesa la tarea de convertir un proyecto naciente en una alternativa viable y justa, antes de que el desabasto deje más cicatrices en la vida cotidiana de los mexicanos.