Fobaproa y la deuda eterna: la factura que sigue cargándose al pueblo
La administración de Ernesto Zedillo convirtió en deuda pública un rescate bancario y, casi tres décadas después, los intereses siguen devorando presupuesto que podría destinarse a salud, educación y bienestar.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió recientemente lo que muchos economistas y movimientos sociales han repetido: la deuda asociada al Fondo de Protección al Ahorro Bancario, aprobado por el Congreso a instancias de Ernesto Zedillo en 1999, “es impagable” y continuará siendo carga para las finanzas públicas. Según la Secretaría de Hacienda, hasta abril de 2025 se habían pagado 945 mil 895 millones de pesos solo en intereses, y aún pesaba sobre el Estado un billón 159 mil 484.8 millones de pesos correspondientes a la deuda original.
Si se actualizan los pagos con la inflación, lo erogado hasta el año pasado supera los 2 millones de millones de pesos. Es decir, una transferencia masiva que convirtió pérdidas privadas en deuda pública y que, en palabras simples, socializó las pérdidas y privó a la sociedad de recursos que pudieron haber financiado escuelas, hospitales o programas sociales.
La mecánica fue clara: en la crisis bancaria de los años noventa, el Estado intervino para evitar el colapso financiero. Lo que no quedó claro —y sigue siendo motivo de debate— es por qué la factura se impuso sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas, sin una persecución real de responsabilidades y sin condiciones claras para recuperar recursos de los beneficiarios privados.
El caso Fobaproa no es solo un asunto contable. Tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana. Cada peso destinado al pago de intereses es un peso que deja de invertirse en servicios públicos. La Secretaría de Hacienda ofrece las cifras; la pregunta que queda en la mesa pública es cómo volver esa historia de rescate en una lección de políticas más justas.
No todas las soluciones son sencillas, pero hay vías que merecen explorarse: auditorías independientes y públicas que detallen el destino real de los recursos; renegociación de pasivos bajo criterios de equidad fiscal; procedimientos para recuperar activos cuando corresponda; y, sobre todo, un compromiso para que futuros rescates financieros incluyan condiciones que protejan al erario y garanticen sanciones a quienes hayan actuado con negligencia o beneficio indebido.
La deuda de Fobaproa es una cicatriz en las finanzas del país. Como recuerda la presidenta Sheinbaum y confirma la Secretaría de Hacienda, no se trata solo de números en una cuenta, sino de decisiones pasadas que siguen palpándose en presupuestos y en servicios públicos. Exigir transparencia, auditar a fondo y debatir alternativas de renegociación son pasos necesarios para que la factura no siga pasando de generación en generación.
La historia obliga a preguntar: ¿seguiremos pagando indefinidamente, o trasformaremos ese costo en una oportunidad para fortalecer la democracia fiscal y proteger lo público?