Sheinbaum tilda de prianistas a manifestantes en Colima y desata controversia
Colima. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de «prianistas» e «irrespetuosos» a un grupo de manifestantes que interrumpió su participación en un acto público en Colima, lo que encendió una ola de críticas y debate sobre el derecho a la protesta y el uso de etiquetas políticas por parte de autoridades.
Durante el evento, y ante los abucheos y consignas del grupo, Sheinbaum sostuvo que se trataba de una acción coordinada por «prianistas» para desestabilizar, según relataron asistentes y medios locales como Milenio y Reforma. La expresión, que mezcla los nombres del PRI y el PAN para aludir a la oposición, fue recibida con reacciones encontradas: simpatizantes del gobierno defendieron la firmeza de la mandataria, mientras que opositores y defensores de la libertad de expresión criticaron la reducción de voces discrepantes a una etiqueta partidista.
Periodistas en el lugar, consultados por El Universal, señalan que la interrupción fue breve pero sonora. Organizaciones civiles consultadas por La Jornada recordaron que el derecho a la protesta es legítimo siempre que no vulnere derechos de terceros, y pidieron a las autoridades evitar criminalizar la manifestación ciudadana.
El episodio vuelve a poner en evidencia tensiones que van más allá de un incidente puntual: por un lado, el desgaste que genera la polarización política en espacios públicos; por el otro, la responsabilidad de los gobernantes de proteger espacios de diálogo sin descalificar sistemáticamente a quienes discrepan. En términos prácticos, la etiqueta «prianistas» sirve para marcar culpables, pero también empuja el debate a los extremos, impidiendo matices y soluciones.
Especialistas en comunicación política consultados por este diario advierten que el uso de epítetos por parte de una presidenta tiene consecuencias concretas: legitima la estigmatización y puede aumentar la tensión social. Al mismo tiempo, subrayan que no toda protesta es productiva ni proporcional, y que las autoridades deben garantizar orden y seguridad sin soslayar las libertades cívicas.
Fuentes en el gobierno señalaron a Milenio que se evaluarán medidas para evitar interrupciones en actos oficiales, pero también para abrir cauces de diálogo local. Mientras, en redes sociales usuarios y organizaciones ciudadanas han convocado a fortalecer mecanismos de participación que permitan expresar discrepancias sin recurrir a la confrontación ni a la simplificación política.
El episodio en Colima plantea preguntas concretas para la vida pública: ¿cómo equilibrar la seguridad de un acto oficial con la libertad de expresión? ¿Es legítimo que una autoridad designe a los manifestantes como actores de una alianza opositora sin pruebas claras? La respuesta tendrá implicaciones reales en la manera en que se regula la protesta y se construye la convivencia democrática.