Grabación revela disputa entre Farath Coronel y escolta detenido por lujos
La grabación que circula en redes pone en el centro de la polémica a Farath Coronel y a Elías «N», uno de los escoltas del conocido vidente. Según la Fiscalía General de Justicia, Elías «N» fue detenido y es señalado como el presunto autor material del asesinato de la persona conocida como «La Diabla». Las imágenes, que varios testigos confirmaron a este medio, muestran una confrontación por objetos y privilegios que, en apariencia, escaló con rapidez.
En la secuencia, de pocos minutos, se aprecia a dos hombres discutiendo de manera enérgica y reclamando bienes que fuentes vecinales describen como «lujos»: relojes, prendas y la disputa sobre quién tenía derecho a ciertos obsequios. Testigos consultados por este periódico aseguran que la pelea no fue un incidente aislado, sino el desenlace de tensiones previas relacionadas con el manejo del entorno cercano al vidente y su equipo.
La Fiscalía General de Justicia informó que la detención de Elías «N» se produjo tras integrar indicios que lo vinculan al homicidio de «La Diabla». En la carpeta de investigación, según la misma dependencia, se incluyen los elementos de identificación y testimonios que sitúan al detenido en el lugar y con posible motivación vinculada a disputas internas. Hasta ahora el imputado continúa bajo investigación y la autoridad ministerial no ha probado su responsabilidad en sede judicial.
Más allá de los nombres y las imágenes, este caso desnuda una red de conflictos que va desde la concentración de bienes y poder alrededor de figuras mediáticas hasta la ausencia de mecanismos claros para regular la seguridad privada y el entorno de quienes ejercen influencia social. La presencia de escoltas y grupos de confianza alrededor de líderes espirituales y mediáticos no es nueva, pero pocas veces se somete a un escrutinio público que examine cómo se administra el dinero, los favores y los privilegios que se generan.
La situación plantea preguntas sobre la actuación de las autoridades. Vecinos y activistas consultados por este diario piden que la investigación sea exhaustiva y transparente, y que no quede en solo un arresto puntual. Desde la Fiscalía, aseguran que las indagatorias continúan y que se agotarán todas las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y materiales.
Para las familias involucradas, el asunto no es un espectáculo sino una tragedia que refleja fallas institucionales: el acceso a la justicia, la prevención de la violencia y el control sobre personas armadas o con funciones de escolta. Organizaciones sociales y especialistas en seguridad consultados por este medio coinciden en que casos como este demandan políticas públicas que incluyan registro y supervisión de escoltas, protocolos claros y atención a factores de riesgo que van más allá de disputas personales.
Mientras la Fiscalía avanza en la integración de pruebas, la grabación sigue circulando y alimenta una conversación más amplia sobre cómo el afán por el lujo y el estatus puede convertirse en detonante de violencia. La sociedad, observan expertos, necesita no solo condenar hechos aislados, sino también exigir cambios institucionales que eviten que las disputas privadas terminen en tragedias públicas.