Fisco aprieta y la cuenta la pagan quienes menos pueden
Durante la 4T el padrón de contribuyentes registró avances mínimos y el SAT amplió actos de fiscalización; el resultado: más presión sobre salarios y consumo.
El gobierno presume mayor recaudación, pero la foto completa muestra una mesa desequilibrada. Según reportes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el número de contribuyentes activos creció de forma marginal en los años recientes mientras las acciones de fiscalización —revisiones de comprobantes, cruzas electrónicas y visitas domiciliarias— se han intensificado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) coinciden en que la base tributaria seguirá siendo estrecha si no se atacan la informalidad y la evasión estructural.
En términos sencillos: las campañas de cobro y auditoría son más visibles, pero la red sigue teniendo grandes agujeros. Las empresas formales y los asalariados son los más expuestos: nóminas, impuestos sobre consumo y retenciones son vías fáciles para taponar hoyos fiscales, mientras que grandes esquemas de elusión y la economía informal esquivan el radar. El resultado es que el peso de la factura pública recae nuevamente en quienes menos margen tienen.
La supervivencia fiscal por medio de mayor fiscalización puede traer resultados rápidos en la recaudación, reconoce la SHCP, pero también genera fricción económica y social si no viene acompañada de reformas estructurales. El Colegio de México y centros como el IMCO han advertido que, sin una reforma tributaria progresiva que amplíe la base y grave más a quienes tienen mayor capacidad de pago, las medidas puntuales contra contribuyentes formales sólo redistribuyen carga hacia abajo.
En la práctica se ven efectos cotidianos: comercios que reciben auditorías por facturas electrónicas, trabajadores que ven menos aguinaldos o prestaciones porque la empresa recorta costos, y familias que pagan más en precios al trasladarse el costo fiscal vía consumo. Es una especie de cadena: si no se obliga a cerrar huecos en grandes rendijas, se actúa sobre las piezas más visibles y vulnerables.
No todo es negativo. La intensificación del uso de datos y la facturación digital ha permitido detectar operaciones irregulares y recuperar recursos, según el SAT. Sin embargo, el enfoque punitivo sin políticas de formalización, capacitación y simplificación tributaria puede ahogar al pequeño contribuyente y no atacar a los evasores sofisticados.
¿Qué pedir a la autoridad? Primero, transparencia: que la SHCP y el SAT publiquen con claridad resultados de fiscalización por tipo de contribuyente y por montos recuperados. Segundo, una estrategia combinada: ampliar la base tributaria mediante incentivos a la formalización, simplificar trámites para pequeñas empresas y elevar la progresividad fiscal para gravar más la riqueza y menos el salario. Tercero, políticas sociales que acompañen la transición, como créditos y capacitación para quienes formulan su negocio.
Si el Estado quiere que todos paguen su parte, no bastan los operativos; hace falta tocar las reglas del juego. Como dice la OCDE, sin reformas estructurales la recaudación extra provendrá siempre de los mismos bolsillos. Es hora de que la conversación deje de ser sólo de presión y pase a reformas que equilibren la mesa fiscal y protejan a los más vulnerables.