División en Morena sacude al gobierno y siembra dudas sobre seguridad
Por Jorge Loret de Mola
El señalamiento de una profunda fractura interna en Morena y en el gobierno federal, planteado por Jorge Loret de Mola, encendió las alertas sobre la gobernabilidad y la lucha contra el crimen organizado. Según Loret de Mola, existen facciones enfrentadas: unas con vínculos en Estados Unidos y otras bajo sospecha de colusión con redes delictivas. Estas afirmaciones obligan a mirar con urgencia cómo las disputas partidistas terminan afectando la vida cotidiana de la ciudadanía.
La existencia de tensiones internas en un partido en el poder no es novedad, pero cuando esas grietas se mezclan con acusaciones de relaciones internacionales y posibles compromisos con el crimen, el efecto es doble: erosiona la confianza en las instituciones y puede paralizar decisiones clave en seguridad pública, inversiones y servicios básicos. Ciudadanos que esperan resultados tangibles —menor violencia, atención médica y empleo— corren el riesgo de ver retrasos o políticas contradictorias.
Es imprescindible separar lo que son denuncias periodísticas y especulaciones de lo que puedan comprobar las autoridades. En este punto entran en juego la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y los órganos de fiscalización; corresponde a esos entes investigar con transparencia y someter cualquier hallazgo a escrutinio público. Que las acusaciones queden en discursos o en lances mediáticos sería un error costoso para la democracia.
El impacto inmediato puede apreciarse en tres frentes: coordinación en seguridad, política exterior y manejo interno de candidaturas y cargos públicos. Una mala coordinación deja espacios para que grupos criminales operen con impunidad. Tensiones con actores en Estados Unidos pueden complicar cooperación en materia de inteligencia y extradiciones. Y la disputa por nombramientos o candidaturas deteriora la capacidad del partido para ofrecer alternativas claras a la ciudadanía.
Como periódico de centro-izquierda, crítico y constructivo, reclamamos pruebas y transparencia, pero también proponemos medidas concretas: auditorías independientes sobre contratos y órdenes de operación vinculadas a seguridad, mecanismos claros de rendición de cuentas dentro de los partidos, y una revisión urgente de los protocolos de colaboración con autoridades extranjeras. La sociedad merece claridad, no versiones encontradas que generen más desconfianza.
Al mismo tiempo, corresponde a los ciudadanos mantenerse informados y exigir resultados: no solo señales y declaraciones, sino procesos que esclarezcan responsabilidades y protejan el interés público. Si las acusaciones de Loret de Mola tienen fundamento, las instituciones tienen la responsabilidad de actuar; si no las tienen, también deben aclararlo con evidencia sólida.
En la política mexicana, las fracturas internas no deben convertirse en protección para la ilegalidad ni en coartada para la ineficacia. La prueba de fuego será que las autoridades y Morena permitan una investigación autónoma y completa y que el gobierno recupere la capacidad de diseñar e implementar políticas públicas que mejoren la seguridad y el bienestar de las personas.