Usuarios con números que terminan en 1 se quedan sin servicio por falta de registro
Las principales operadoras anunciaron que comenzarán a bloquear llamadas, mensajes y datos de las líneas que no completaron la vinculación obligatoria, y el mecanismo se aplicará en 72 horas desde la notificación, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y reportes de las propias compañías. La medida, pensada para frenar el fraude y las llamadas masivas, ya empieza a sentirse en barrios, mercados y centros de trabajo.
Desde la mañana, personas cuyos números terminan en 1 han despertado sin señal. Para muchas familias, el teléfono es la llave para cobrar ventas, recibir apoyos sociales o coordinar el cuidado de hijos y mayores. “Perdí todo el día de ventas porque no pude recibir mensajes de cobro”, cuenta una vendedora ambulante en la Ciudad de México que prefirió mantener el anonimato. Su historia ilustra el choque entre una política pública con objetivos legítimos y una ejecución que deja fuera a quienes menos opciones tienen.
Las autoridades, a través del IFT, y las operadoras insisten en que la vinculación busca reducir delitos como la extorsión y el robo de identidad. Sin embargo, organizaciones de defensa del consumidor como PROFECO han señalado la falta de campañas de información claras y puntos de atención suficientes, sobre todo en zonas rurales y entre población adulta mayor. El plazo de 72 horas para ejecutar bloqueos suena a alarma más que a tiempo de contingencia: es el equivalente burocrático a cerrar una puerta sin avisar a todos los que están dentro.
El impacto es desigual. Para trabajadores informales, pequeños comercios y estudiantes, perder datos o mensajes equivale a perder ingresos o acceso a servicios educativos. Para pacientes que dependen de recordatorios médicos o de familiares que cuidan a personas con discapacidad, el corte puede ser una barrera grave. Por otro lado, usuarios víctimas de llamadas fraudulentas celebran los avances, pero advierten que el remedio no puede convertirse en daño colateral.
La responsabilidad se reparte. Las operadoras tienen la obligación técnica de ejecutar el bloqueo, pero también de notificar y ayudar a la gente a completar su registro. El Estado, a través del IFT y las instancias de protección al consumidor, debe garantizar que las políticas no excluyan a poblaciones vulnerables. Hasta ahora, el mensaje ha sido técnico y rápido; faltan campañas puerta a puerta, módulos móviles y facilidades para quienes no manejan trámites digitales.
¿Qué se puede hacer ahora? Primero, verificar con la operadora si su línea aparece como “pendiente de vinculación” y acudir a un módulo con identificación oficial y comprobante de domicilio. Segundo, exigir información clara a las compañías y al IFT sobre plazos y recursos disponibles. Tercero, pedir a las autoridades que amplíen plazos y habiliten mecanismos excepcionales para poblaciones en riesgo.
La intención de combatir fraudes es válida, pero las políticas públicas no pueden ser una carrera de obstáculos para la ciudadanía. Si la medida se aplica sin acompañamiento, termina reproduciendo desigualdades: los más conectados se salvan, los más vulnerables quedan fuera. Es momento de que el IFT, PROFECO y las operadoras actúen con coordinación y sentido social, conviertan la llave perdida en una puerta abierta y eviten que miles de personas paguen por una solución que debía protegerlas.
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y comunicación de las operadoras.