Golpe: disidencia de las farc confirma secuestro de un soldado colombo-francés en Nariño
El Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC, reconoció este domingo haber capturado a José Olger Melo Charry el 6 de agosto en el departamento de Nariño y aseguró que el militar se encuentra con vida. Melo Charry, de doble nacionalidad colombo-francesa, es soldado del Ejército de Francia desde hace cuatro años y había llegado a Colombia un día antes, en permiso por vacaciones, según comunicó la agrupación insurgente.
La noticia, confirmada públicamente por el EMC, abrió de inmediato un frente diplomático y de seguridad: el caso obliga a coordinar acciones entre Bogotá y París y pone sobre la mesa otra vez la presencia limitada del Estado en zonas fronterizas del suroeste colombiano, donde las disidencias han ampliado su capacidad de acción.
Fuentes oficiales consultadas por este medio indican que el Ministerio de Defensa de Colombia y la Fiscalía General de la Nación activaron protocolos de investigación y búsqueda, y que hay comunicación con autoridades francesas, incluido el Ejército de Francia, para determinar la situación del uniformado y coordinar medidas. Hasta ahora no se ha informado de contacto directo entre el gobierno y los captores para negociar una posible liberación.
El secuestro de un militar con doble nacionalidad en un contexto de licencia trae varias aristas: primero, la vulnerabilidad de quienes viajan a zonas con control débil del Estado; segundo, el riesgo político y diplomático para Colombia al involucrar a un país europeo; y tercero, la lógica extractiva y criminal que sigue alimentando la violencia en Nariño, ligado al narcotráfico y al control de rutas hacia la costa pacífica.
Analistas y líderes locales consultados recuerdan que las disidencias como el EMC surgieron tras el acuerdo de 2016 y se sostienen sobre redes ilegales que aprovechan el abandono estatal. «Es como dejar un tablero sin árbitro: las fichas más fuertes imponen las reglas», dice un investigador que sigue la región. Desde una perspectiva social, la población civil vuelve a sufrir las consecuencias: restricciones a la movilidad, miedo a denunciar y un retroceso en la confianza hacia las instituciones.
El caso también plantea preguntas sobre la protección de soldados en permiso y la coordinación consular. El Ejército de Francia, citado por fuentes diplomáticas, ha expresado interés por el bienestar de su personal y por la colaboración con las autoridades colombianas, aunque no se han publicado comunicados oficiales extensos hasta el cierre de esta edición.
En términos de responsabilidad estatal, grupos de derechos humanos y algunos congresistas han pedido al gobierno reforzar presencia institucional en Nariño, combinar medidas de seguridad con programas sociales que ataquen las causas del reclutamiento y el control territorial, y mejorar los canales de cooperación internacional para casos de esta naturaleza.
Mientras tanto, la familia de Melo Charry y la comunidad local esperan noticias concretas sobre su estado y su liberación. El secuestro reaviva debates sobre seguridad, soberanía y la política pública en zonas rurales: sin presencia efectiva del Estado, los ciudadanos y los visitantes quedan expuestos a dinámicas de violencia que afectan la vida cotidiana y la estabilidad regional.
Este diario seguirá la evolución del caso, con énfasis en las versiones oficiales del Estado Mayor Central, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército de Francia, y en el impacto en las comunidades de Nariño.
