La credencial que abre puertas pero aún deja fuera a muchos adultos mayores
La tarjeta para personas adultas mayores promete descuentos en medicinas, transporte, cultura y servicios, y en la práctica representa alivio en el bolsillo de millones. Sin embargo, su impacto real choca con barreras administrativas, desigualdad territorial y falta de fiscalización. Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la credencial es la llave para acceder a beneficios; según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población mayor de 60 años crece y exige políticas públicas más sólidas.
María, 72 años, vive en una colonia popular de la Ciudad de México. Cuenta que con la credencial pudo ahorrar en sus medicamentos, pero todavía paga de más porque muchas farmacias no respetan el descuento o lo aplican de forma parcial. “La tarjeta me sirve, pero hay que pelear cada vez”, dice. Esa crónica cotidiana resume dos problemas: la buena intención de la política y la debilidad en su ejecución.
En lo positivo, la credencial reduce cargas económicas y facilita el acceso a actividades culturales y recreativas, acompañado por programas municipales y estatales que se apoyan en el padrón del INAPAM. Para hogares con pensiones bajas, esos descuentos son la diferencia entre comprar un medicamento o esperar.
Pero hay sombras. Primero, la cobertura no es homogénea: en zonas rurales y municipios pequeños la oferta de establecimientos adheridos es mucho menor. Segundo, el trámite para obtener la credencial sigue siendo una barrera para quienes tienen movilidad limitada o no dominan procesos digitales; las oficinas tienen horarios reducidos y no siempre hay brigadas móviles suficientes. Tercero, la ausencia de sanciones claras permite que comercios incumplan y que la población no denuncie por desconocimiento o vergüenza.
Las cifras demográficas de INEGI y los marcos técnicos del INAPAM muestran que la política existe, pero faltan mecanismos de control, campañas de información efectivas y recursos para llevar el servicio a quien más lo necesita. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda estrategias integradas para envejecimiento activo, que incluyen accesibilidad, transición digital acompañada y redes comunitarias; esas directrices pueden traducirse en mejoras concretas aquí.
Las soluciones son conocidas: fortalecer la fiscalización del cumplimiento de descuentos, ampliar brigadas de expedición y asesoría en comunidades, crear canales sencillos de denuncia, y articular presupuestos locales con las necesidades reales de las personas mayores. También es urgente capacitar a comercios y transporte público para que los derechos no queden en papel.
El balance es claro: la credencial tiene potencial para mejorar la vida de muchas familias, pero sin acompañamiento institucional y una visión territorial, ese potencial se diluye. Si el Estado quiere que la tarjeta sea más que un trozo de plástico, debe convertirla en una política integral, con datos, vigilancia y prioridad presupuestaria. Las personas mayores no pueden esperar a que las buenas intenciones se conviertan en eficacia.
Fuentes: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
