Familias sobreviven entre escombros, olvido y ayuda que se agota
Hace dos meses, un sismo dejó a miles de familias sin techo ni certezas. Hoy, más de 12.500 personas permanecen en 28 campamentos temporales, según cifras de Protección Civil y Cruz Roja, y muchas de ellas ven cómo la ayuda humanitaria se reduce justo cuando más la necesitan. Desde La Guaira hasta Pereira, en Colombia, el duelo por los muertos se mezcla con la ruina material y la indiferencia institucional.
En La Guaira, María González, de 54 años, cuenta que aún duerme entre colchones en una carpa improvisada: «Perdí a mi hermano y la casa quedó hecha polvo. Nos prometieron albergues, pero lo que llega es comida a cuentagotas y médicos una vez por semana». Su testimonio coincide con los reportes de la Alcaldía local y de ONG que trabajan en terreno, que alertan sobre la insuficiencia de atención en salud mental y en enfermedades crónicas.
El éxodo no se limita a fronteras internas. En Pereira, funcionarios municipales y ACNUR han registrado familias venezolanas que cruzaron tras la tragedia, buscando atención médica o apoyo familiar. Allí, la realidad es otra: la solidaridad ciudadana convive con la saturación de servicios y con el temor de que la emergencia se convierta en olvido.
Las ONG y organismos internacionales consultados por este diario, entre ellos Cruz Roja y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), coinciden en que la primera fase —rescate y alivio inmediato— tuvo respuesta, pero que el financiamiento para la reconstrucción y la atención continua se ha reducido. Esa brecha se traduce en techos que no se reparan, escuelas cerradas y atención primaria con largas esperas.
El gobierno, a través de Protección Civil y la Gobernación, señala avances en logística y entrega de insumos, pero los residentes y organizaciones sociales encuentran discrepancias entre los anuncios oficiales y la experiencia en los campamentos. La Defensoría del Pueblo y colectivos ciudadanos han pedido transparencia en el destino de los recursos y en los criterios para priorizar beneficiarios.
La devastación dejó lecciones claras: la necesidad de políticas de vivienda inclusivas, sistemas de salud pública que integren la atención psicosocial y mecanismos de ayuda en efectivo que eviten la dependencia de donaciones irregulares. Expertos en gestión de desastres consultados por este medio señalan que la reconstrucción debe combinar reconstrucción física con programas de empleo local y capacitación para recuperar tejido social.
Hay iniciativas que funcionan. Organizaciones comunitarias en La Guaira han puesto en marcha comedores colectivos y brigadas para reparar techos, con apoyo de la sociedad civil. En Pereira, agrupaciones locales y la iglesia han habilitado centros de atención temporal que incluyen asesoría legal para trámites migratorios y acceso a salud básica, según informan coordinadores en terreno.
Sin embargo, esas acciones no alcanzan para todo. La crítica de fondo es política: la respuesta ante la emergencia revela déficits estructurales en planificación urbana, inversión en vivienda social y coordinación interinstitucional. Si la reconstrucción se limita a parches, las heridas —materiales y emocionales— permanecerán abiertas.
Ante ello, la voz de quienes sobreviven exige más que promesas: soluciones concretas y verificables. Transparencia en la gestión de fondos, prioridades claras en la atención médica y planes de vivienda digna son demandas que resuenan en campamentos dentro y fuera del país. Como recuerda Cruz Roja, un desastre no termina cuando cesan los titulares; termina cuando las personas recuperan una vida con seguridad y dignidad.
Este diario seguirá documentando las condiciones en los campamentos y el avance de políticas públicas, con la exigencia de que la memoria colectiva se traduzca en acción. La reconstrucción no puede ser un esfuerzo fragmentado; necesita planificación, recursos y la participación activa de las comunidades afectadas.