Estados unidos eleva la presión para que México deje de favorecer a Pemex y CFE en el TMEC
La tensión en el corazón del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) no deja de crecer. La presión desde Washington para que México ponga freno al trato preferencial hacia Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha escalado a un nuevo nivel, con una propuesta de ley en el Congreso estadounidense que busca establecer controles más estrictos al sector energético dentro del acuerdo comercial.
Los empresarios estadounidenses llevan tiempo alzando la voz. Su principal queja es clara: el gobierno mexicano está inclinando la balanza a favor de sus dos gigantes estatales, limitando así las oportunidades y la competencia para las inversiones privadas en México. Esta situación, según ellos, contraviene los principios de trato equitativo y no discriminación que son la base del TMEC. Las quejas han llegado a los despachos de los congresistas, quienes ahora proponen una legislación que obligaría a instalar paneles de resolución de controversias si el conflicto energético persiste. Esta es una señal inequívoca de que la paciencia se agota y que Estados Unidos está dispuesto a utilizar todas las herramientas que ofrece el tratado para defender los intereses de sus empresas.
El pulso por la soberanía energética
Para entender la raíz de este conflicto, es necesario mirar la política energética del actual gobierno mexicano. Desde el inicio de esta administración, se ha priorizado el fortalecimiento de Pemex y CFE, bajo el argumento de recuperar la soberanía energética del país. Esto ha significado, entre otras cosas, dar preferencia a la energía generada por la CFE sobre la de productores privados, especialmente en el sector de las energías renovables. También se han registrado demoras o negativas en la emisión de permisos para proyectos privados y cambios regulatorios que, según los inversores, favorecen desproporcionadamente a Pemex en la distribución de combustibles.
Esta visión choca directamente con lo pactado en el TMEC, particularmente en capítulos clave como el de Inversiones y el de Trato Nacional y Acceso a Mercados. Los socios comerciales de México argumentan que las políticas mexicanas crean un campo de juego desigual, desincentivando la inversión extranjera que tanto necesita el país para generar empleo y desarrollo. Es un dilema complejo: por un lado, el legítimo deseo de un país de controlar sus recursos estratégicos; por otro, el compromiso adquirido en un tratado internacional que busca la libre competencia y la protección de inversiones.
Rumbo a los paneles de controversia
Esta no es la primera vez que el tema energético mexicano genera fricción. De hecho, en julio de 2022, Estados Unidos y Canadá ya solicitaron formalmente consultas bajo el mecanismo de resolución de disputas del TMEC. Este paso es el preámbulo antes de que se pueda establecer un panel. Si estas consultas no logran un acuerdo satisfactorio –y todo indica que aún no lo han hecho, dada la iniciativa legislativa–, la siguiente etapa sería, precisamente, la formación de dichos paneles.
¿Qué significa un panel de controversias para el ciudadano de a pie? Es un grupo de expertos que examina las pruebas y las interpretaciones de las partes y emite un fallo. Si México pierde en un panel, podría enfrentar medidas de retorsión comercial, como aranceles compensatorios impuestos a productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos. Esto, a su vez, podría encarecer productos, afectar a exportadores mexicanos y, en última instancia, repercutir en el bolsillo de las familias y la estabilidad económica del país. El riesgo es tangible y las consecuencias pueden ser significativas para la economía nacional.
El TMEC en la balanza y el 2026 en el horizonte
La revisión del tratado, prevista para julio de 2026, añade una capa más de complejidad a este escenario. El TMEC incluye una «cláusula de caducidad» que exige una revisión conjunta cada seis años para decidir si el acuerdo continúa o si se requieren ajustes. Un conflicto energético sin resolver podría enturbiar esa revisión, haciendo más difícil llegar a un consenso sobre la permanencia del tratado o generando exigencias de cambios en la política energética mexicana como condición para su continuidad.
Lo que está en juego es mucho más que el futuro de Pemex y CFE; es la confianza en el marco legal y de inversión de México, y la solidez de su relación comercial con sus socios norteamericanos. Un país fuerte no solo depende de sus recursos naturales, sino también de su capacidad para cumplir sus compromisos internacionales y ofrecer certeza a quienes desean invertir en su crecimiento.
La situación exige diálogo, negociación y una búsqueda de equilibrios. Encontrar una solución que respete la soberanía energética de México y, al mismo tiempo, honre los compromisos del TMEC será clave para asegurar la prosperidad y la estabilidad de la región. México, Estados Unidos y Canadá tienen la oportunidad de demostrar que sus diferencias pueden resolverse a través del respeto mutuo y el cumplimiento de las reglas, construyendo un futuro más justo y próspero para todos.