Congreso otorga licencia indefinida a rubén rocha; sinaloa enfrenta un vacío de poder y preguntas sobre la gobernabilidad
El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este domingo, en sesión extraordinaria, la licencia indefinida solicitada por el gobernador Rubén Rocha, luego de que el mandatario hubiera retomado sus funciones por apenas 34 horas y volviera a pedir permiso. La decisión, reportada por el Congreso del Estado y medios locales como La Jornada, abre una etapa de incertidumbre sobre quién llevará las riendas del estado y cómo se garantizará la continuidad de servicios y programas públicos.
La licencia indefinida significa que Rocha no tiene una fecha de regreso definida, y deja en manos del poder legislativo y de la estructura administrativa estatal la responsabilidad de mantener operaciones cotidianas: seguridad pública, salud, educación y las transferencias de los programas sociales que, para muchos habitantes, son el sustento mensual.
Legalmente, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y la normatividad local fijan mecanismos para cubrir ausencias del titular del Ejecutivo. En la práctica, y según fuentes del Congreso del Estado de Sinaloa, corresponde a la propia bancada mayoritaria y a la coordinación de la Junta de Gobierno definir si el encargado del despacho será un secretario de gabinete —habitualmente el secretario general de gobierno— o si se nombra a un gobernador provisional o sustituto. Esa decisión tendrá implicaciones políticas: quién asuma marcará la agenda en seguridad y en la relación con la federación, además de definir el rumbo administrativo por el resto del año.
Desde la óptica ciudadana, la falta prolongada del gobernador plantea riesgos concretos. La seguridad, donde Sinaloa enfrenta retos estructurales, requiere decisiones continuas y coordinación interinstitucional. Las políticas de apoyo a la pesca, agricultura y a programas sociales locales requieren firmas y asignaciones presupuestarias; demoras administrativas pueden traducirse en retrasos de pagos o en vacíos operativos. Para el empresariado y el sector agrícola, la incertidumbre política también puede traducirse en menor confianza y en decisiones de inversión postergadas.
En clave política, la licencia abre interrogantes sobre la gobernabilidad en Sinaloa y sobre la estrategia del partido mayoritario. Rubén Rocha, identificado públicamente con Morena, deja una arena política donde la oposición podrá exigir transparencia en la designación del encargado y en la rendición de cuentas durante su ausencia. El Congreso, según reportes de La Jornada, tendrá el reto de actuar con celeridad y con mayor transparencia para evitar que la política estatal se convierta en un juego entre cuartos cerrados.
Los defensores de la medida argumentan que una licencia indefinida puede ser un acto responsable si obedece a motivos que impidan al gobernador desempeñar plenamente sus funciones, y que el aparato institucional está preparado para garantizar servicios. Los críticos, en cambio, ven un riesgo de centralización de decisiones en cuadros interinos o de movimientos políticos que busquen aprovechar la ocasión para redefinir cargos y agendas.
¿Qué sigue, entonces? Primero, el Congreso deberá formalizar el nombramiento del encargado del despacho o del gobernador provisional y precisar plazos y facultades. Segundo, la administración estatal tendrá que publicar de manera puntual las decisiones administrativas que se tomen en ausencia del titular para evitar desinformación. Tercero, los partidos políticos y la sociedad civil deberán vigilar que no se reproduzcan prácticas discrecionales en la asignación de recursos y en la seguridad pública.
La situación exige una mezcla de transparencia institucional y presión ciudadana. Como recuerda la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el gobierno no puede detenerse por la ausencia de una persona; pero la eficacia democrática radica en que esa continuidad se ejerza con claridad y rendición de cuentas. Si el barco administrativo queda sin un capitán visible, la tripulación institucional y la ciudadanía tendrán que exigir cartas de navegación claras para no navegar a la deriva.
Fuentes consultadas: Congreso del Estado de Sinaloa; La Jornada; Constitución Política del Estado de Sinaloa.