Pan amenaza con juicio político contra Rocha Moya tras pedir licencia
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que la salida temporal del gobernador Rubén Rocha Moya no borra las señalamientos ni sustituye a la justicia. Romero Herrera dijo que si la licencia se usa para evadir responsabilidades, su partido promoverá un juicio político en el Congreso local y en el ámbito federal.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y miembro de Morena, anunció recientemente una licencia temporal para ausentarse del cargo. La medida encendió alarmas en la oposición, que la interpreta como una posible estrategia para diluir o posponer investigaciones sobre su administración. Jorge Romero Herrera sostuvo la posición del PAN en una rueda de prensa, según declaraciones públicas difundidas por el propio partido.
La amenaza de llevar el caso a juicio político se apoya en alegatos de presuntas irregularidades administrativas y en la exigencia de que la justicia actúe con independencia. El PAN exige que las denuncias se investiguen con prontitud y que cualquier trámite de licencia no sirva como escudo procesal. Romero Herrera explicó que la separación temporal no es sinónimo de exoneración y que las instituciones deben cumplir su papel.
Desde la perspectiva ciudadana, la disputa política tiene consecuencias tangibles. Cuando un gobernador se ausenta, aunque sea por un tiempo breve, proyectos de salud, seguridad y obras públicas pueden quedar en punto muerto. En estados como Sinaloa, donde la violencia y la precariedad de servicios siguen afectando a hogares y negocios, la percepción de inestabilidad política erosiona la confianza pública y retrasa soluciones concretas.
La postura del PAN llega en un contexto donde la fiscalización y el control político han sido cuestionados en varias entidades. Organizaciones de la sociedad civil y académicos han señalado que los procedimientos de juicio político deben ceñirse a pruebas claras y no servir como herramienta de revancha partidista. Por eso es importante que el proceso se base en evidencias y que las comisiones legislativas actúen con transparencia y rigor, no con espectáculo.
Morena y el gobernador, por ahora, han respondido con cautela. Fuentes del gobierno estatal han indicado que la licencia fue tramitada conforme a la ley y que las funciones seguirán siendo atendidas por quien sea designado como encargado. En tanto, el PAN insiste en que las diligencias judiciales y administrativas sigan su curso y que los órganos de control presenten resultados verificables.
El escenario abre preguntas centrales para la democracia local: ¿la licencia es una pausa administrativa legítima o una cortina de humo? ¿Tienen los órganos de fiscalización independencia real para investigar a un gobernador en funciones o en licencia? Y sobre todo, ¿qué tanto importan estas disputas al ciudadano que necesita hospitales, escuelas y seguridad hoy mismo?
Para avanzar, expertos consultados por este medio sugieren que la clave es la transparencia. Que las investigaciones sean públicas, que los plazos se cumplan y que las sanciones, si proceden, no dependan del color político del investigado. Jorge Romero Herrera y el PAN han dado un ultimátum político; la respuesta de las instituciones y la sociedad será la que determine si ese ultimátum se transforma en un proceso de rendición de cuentas serio o en un episodio más de confrontación partidista.
Fuente: declaraciones públicas de Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, y comunicados del gobierno de Sinaloa.