Comienzan derribos en Pereira tras sismo del 10 de agosto
Pereira. Rodrigo Sedano, enviado especial. Las retroexcavadoras abrieron paso al polvo y al ruido de la ciudad esta mañana: la Alcaldía de Pereira ordenó el derribo de varias edificaciones que resultaron con daño estructural tras el sismo del 10 de agosto. Las demoliciones, que empezaron tras las evaluaciones técnicas realizadas por equipos municipales y bomberos, buscan evitar colapsos que podrían costar vidas, pero también exponen deficiencias en la gestión del riesgo y en la protección de las familias afectadas.
Desde el terreno, nuestro enviado Rodrigo Sedano describe escenas que mezclan alivio y desazón. Vecinos observan con desaliento cómo caen paredes que durante años alojaron comercios y hogares. “Se siente como si nos desarmaran la vida”, dice una residente del barrio El Prado, mientras recoge lo que puede de un local que será demolido. Otros aplauden la decisión por seguridad, pero reclaman dónde irán las personas que quedan sin techo.
Según la Alcaldía de Pereira, las demoliciones responden a informes preliminares de riesgo que identificaron fallas estructurales graves en columnas y entrepisos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y los bomberos han apoyado las inspecciones. Sin embargo, organizaciones comunitarias y líderes locales denuncian que la respuesta llega con lentitud y sin un plan claro de reubicación efectiva para las familias de menor ingreso.
Este contraste entre prevención y abandono es el núcleo de la tensión pública. La decisión de tumbar un edificio es técnicamente correcta cuando el riesgo es inminente, pero para la comunidad significa perder patrimonio y redes sociales imprescindibles. La pregunta que queda es quién asume la responsabilidad material y social: ¿la Alcaldía, propietarias privadas o el Estado central?
Expertos consultados por este medio señalan que el país necesita acelerar dos vías a la vez: inspecciones rigurosas y protocolos de atención que incluyan alojamiento temporal digno, subsidios y esquemas de reconstrucción con criterios de equidad. Sin estas medidas, las demoliciones pueden trasladar el riesgo a una crisis habitacional que golpee con mayor fuerza a hogares de menores recursos.
En el campo político el sismo reaviva debates previos sobre normas de construcción y control del uso del suelo. Líderes de la oposición y organizaciones civiles han pedido aclaraciones sobre permisos de obra y fiscalizaciones, mientras que la administración local defiende que actúa conforme a los códigos y con prioridad en la seguridad.
La escena en las calles de Pereira es también un llamado a la solidaridad. Familias reunidas en parques y centros comunales esperan decisiones que no se conviertan en trámites interminables. ONG locales ofrecen apoyo, pero advierten que sin recursos públicos sostenidos la ayuda será insuficiente.
Rodrigo Sedano, desde el lugar de los hechos, señala que el trabajo de demoliciones avanza con custodia de la Defensa Civil y cortes parciales de vías. El polvo se asienta, pero las preguntas sobre planificación urbana, cumplimiento de normas y protección social siguen en el aire. La Alcaldía de Pereira ha declarado que publicará un informe técnico y un plan de atención en las próximas horas.
Reporta Rodrigo Sedano para este medio, con información de la Alcaldía de Pereira y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.