Registro masivo: 104 millones de líneas vinculadas a la CURP mientras 25 millones quedan inactivas
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reporta que ya hay 104 millones de líneas telefónicas asociadas a la CURP, y calcula además que otras 25 millones están en desuso y no se registrarán. A simple vista, el número podría leerse como un avance en la lucha contra fraudes y extorsiones; en la práctica, abre una caja de dudas sobre privacidad, inclusión y eficacia institucional.
Vincular una línea telefónica a la CURP busca poner un rostro y una identidad a cada número, como poner nombre en la puerta de una casa. El objetivo declarado por el IFT es legítimo: reducir delitos que se cometen por teléfonos anónimos. Pero la administración de esos datos es la parte que preocupa. ¿Quién garantiza que la CURP no se use con fines comerciales? ¿Qué protocolos existen para evitar fugas o ventas de bases de datos? Aquí interviene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que debe vigilar que la medida no se convierta en una puerta trasera al comercio de información personal.
Hay además un problema práctico que el propio IFT reconoce: 25 millones de líneas en desuso. Esos números son como cuentas olvidadas que pueden quedar disponibles para actores ilícitos, o simplemente desaparecer del censo telefónico sin que nadie se entere. Para muchas personas —trabajadoras informales, migrantes, adultos mayores con líneas prepago—el trámite de registrar o actualizar la CURP no es trivial: faltan centros de atención accesibles, horarios compatibles y confianza en las instituciones.
El resultado puede ser doblemente excluyente: por un lado, se sanciona la informalidad tecnológica; por otro, se crea una falsa sensación de seguridad si no se acompañan auditorías, controles y campañas informativas. La responsabilidad no puede quedar solo en las compañías telefónicas; el Estado tiene que garantizar procesos claros, gratuitos y con plazos razonables.
Propuestas concretas que surgen del cruce entre datos y experiencias cotidianas: auditorías públicas sobre el uso de las bases vinculadas a CURP, campañas masivas de información y puntos de registro gratuitos en comunidades rurales y urbanas marginadas, así como mecanismos rápidos de queja y rectificación supervisados por el INAI y la Comisión Federal de Protección al Consumidor cuando corresponda.
En suma, la cifra de 104 millones no es una victoria por sí sola. Es un llamado a transparentar el proceso y a proteger a quienes podrían quedar fuera. Si las autoridades y las empresas cumplen con reglas claras y con el control ciudadano, la medida puede disminuir delitos; si no, solo cambia la etiqueta sin resolver el problema.
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

