Salinas pliego apuesta por máquinas que nunca reclamarán y despide empleados
Ricardo Salinas Pliego, empresario al frente de Grupo Salinas, anunció en los últimos días una reestructuración que incluye la sustitución de personal por automatización. Según un comunicado de Grupo Salinas, las máquinas «pueden trabajar todo el tiempo» y, a diferencia de las personas, «no acceden a derechos laborales».
La decisión ha encendido alarmas entre trabajadores y sindicatos. Empleados despedidos, consultados por este periódico, relatan la sorpresa y el temor: tiendas cerradas por la mañana, puestos que antes requerían dos personas ahora operan con terminales y cajas automáticas. «Me dijeron que la empresa ahora invierte en equipos; que las máquinas no enferman ni piden aumentos», cuenta una exempleada de un punto de venta en la Ciudad de México.
La conversación pública, impulsada por la nota de Grupo Salinas, pone en evidencia un choque entre eficiencia tecnológica y derechos laborales. De un lado están los argumentos empresariales: reducción de costos, continuidad operativa y competitividad. Del otro, el impacto social: pérdida de ingresos familiares, mayor precariedad y la erosión de los espacios de negociación colectiva.
Si bien la automatización es un fenómeno global —lo que diferentes estudios llaman la cuarta revolución industrial—, su adopción sin medidas de acompañamiento genera daños concretos. Es como cambiar manos por engranajes sin contar con un plan para quienes quedan sin empleo. Economistas críticos señalan que la tecnología debe acompañarse de políticas públicas: programas de reconversión laboral, apoyo al ingreso, creación de empleos de calidad y reglas fiscales que eviten externalizar los costos sociales.
En el terreno legal, la sustitución de empleo por máquinas no borra obligaciones: las responsabilidades patronales por despido, indemnizaciones y cumplimiento de contratos laborales siguen vigentes. Sindicatos han adelantado que llevarán casos al ámbito jurídico y exigirán negociación antes de más cierres. Desde Grupo Salinas, en el comunicado, argumentan que la modernización es necesaria para competir, pero no dieron cifras precisas sobre cuántos puestos serán afectados ni un calendario claro de transición para los trabajadores.
La decisión también abre un debate sobre la ética empresarial: ¿puede un modelo de negocios basarse en reducir derechos para maximizar ganancias? Para quienes defienden una visión de justicia social, la respuesta es no. Las máquinas no exigen seguridad social ni vacaciones, pero la sociedad sí debe exigir responsabilidad social a quienes emplean a miles de personas.
Hay caminos posibles para que la innovación no se traduzca en exclusión. Gobiernos y empresas pueden acordar fondos de capacitación financiados en parte por los beneficiarios de la automatización, esquemas de impuestos o contribuciones para proteger transiciones laborales y medidas para fomentar empleos que la tecnología no reemplaza, como cuidado, educación y servicios comunitarios.
El anuncio de Salinas Pliego, difundido por Grupo Salinas, pone en la agenda un conflicto que casa tecnología con derechos. Queda en manos de legisladores, sindicatos y empresas evitar que la modernización se convierta en una máquina de expulsión social. El reto es grande: transformar el avance tecnológico en progreso compartido y no en un argumento para precarizar a la fuerza laboral.

