Veinte años de impunidad: no hay un solo policía en la cárcel tras Atenco
“No hay un solo policía que haya pisado la cárcel”, dice Yolanda Muñoz, que a sus 66 años sigue pagando con insomnio el precio de mayo de 2006. Veinte años después, la palabra justicia suena a eco vacío para las mujeres de Atenco.
San Salvador Atenco, mayo de 2006: operativos policiales dejaron decenas de personas detenidas, entre ellas al menos 11 mujeres que denunciaron haber sufrido golpes, agresiones sexuales y tratos degradantes. Aquellas noches se convirtieron en cicatrices físicas y emocionales que todavía marcan a víctimas como Yolanda, Ana María Velasco y Edith Rosales. Hoy, tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2018 que responsabilizó al Estado mexicano y ordenó investigar a toda la cadena de mando, las promesas siguen siendo papel mojado.
Qué ordenó la Corte y qué no se ha cumplido
- 2018: La Corte Interamericana (Corte IDH) reconoció violaciones a los derechos humanos cometidas durante los hechos en Atenco y ordenó investigaciones, medidas de reparación y acciones para prevenir la repetición.
- Obligación central: investigar a todos los responsables, incluidos mandos policiales y autoridades que diseñaron o autorizaron los operativos.
- Realidad actual: en la audiencia de seguimiento celebrada este jueves en Costa Rica, las víctimas denunciaron que la Fiscalía no ha avanzado en las pesquisas y que las medidas de reparación —reconocimiento público, atención médica integral, garantías de no repetición y sanciones a responsables— permanecen incumplidas.
Testimonios que no se apagan
“Sigo sin conciliar el sueño”, dice Yolanda, cuyo insomnio define una herida diaria. “Me llaman, me amenazan”, añade Ana María, de 52 años. Edith, 71, recorre con los dedos las cicatrices de su cabeza: huellas físicas de una violencia que no encontró castigo. Estas voces fueron escuchadas por la Corte y, sin embargo, el Estado mexicano no ha garantizado que alguien en la fuerza pública haya pagado por esos delitos.
Impunidad estructural
La falta de avances en Atenco no es un fallo aislado. Tiene las marcas de un problema sistémico: investigaciones por violencia estatal que se arrastran años, archivos que no se integran, mando policial protegido por opacidad institucional y una Fiscalía que en repetidas ocasiones ha mostrado lentitud y vacíos en la persecución penal. El resultado: responsables civiles y policiales que continúan en la impunidad y víctimas que siguen esperando reparación efectiva.
Lo que exigieron las víctimas en Costa Rica
- Investigación efectiva y expedita de la cadena de mando.
- Acciones concretas de reparación integral: atención médica, indemnizaciones justas, garantías de no repetición y reconocimiento público del daño.
- Garantías de protección para las víctimas que siguen recibiendo amenazas.
Qué sigue y por qué importa
La audiencia de seguimiento en Costa Rica no fue un mero trámite: sirvió para colocar en el escrutinio público a las autoridades mexicanas. Ahora depende del Estado convertir órdenes internacionales en hechos: abrir líneas de investigación claras, procesar a quienes resulten responsables, implementar medidas de reparación y proteger a las víctimas. Si eso no ocurre, la sentencia se quedará en una foto fija sin movimiento, y la impunidad seguirá alimentando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Cómo puede ayudar la sociedad
- Exigir transparencia a la Fiscalía y a las autoridades estatales sobre el avance de las investigaciones.
- Acompañar a las defensorías y organizaciones de derechos humanos que dan respaldo jurídico y psicosocial a las víctimas.
- Visibilizar el caso: mantener la presión mediática y ciudadana es clave para que las obligaciones internacionales no queden en el olvido.
Conclusión
Veinte años después de los hechos en Atenco, las historias de Yolanda, Ana María y Edith siguen clamando por justicia. La Corte dio la razón, ordenó investigar y reparar, pero sin resultados concretos la justicia parece una promesa rota. Si el Estado no actúa con urgencia, la impunidad no solo seguirá intacta, sino que se transformará en una advertencia: en México, la violencia estatal puede quedarse sin castigo.
Fuentes: sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018), testimonios de las víctimas presentados en la audiencia de seguimiento celebrada en Costa Rica, y documentación de organizaciones de derechos humanos que han acompañado el caso.