Gobernadora exige a UIF explicación por descongelamiento parcial de cuentas de Rocha Moya
La gobernadora Graciela Domínguez Nava exigió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una explicación pública y detallada tras el descongelamiento parcial de cuentas vinculadas al exmandatario sinaloense Rocha Moya. En declaraciones recogidas por la oficina de la mandataria, Domínguez Nava calificó el movimiento como un asunto que requiere claridad inmediata para no erosionar la confianza ciudadana en los mecanismos de combate a la corrupción.
Según la gobernadora, la ausencia de información sobre los criterios que motivaron el levantamiento parcial del embargo complica la rendición de cuentas y alimenta sospechas sobre impunidad. La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, es la encargada de ordenar bloqueos y descongelamientos cuando hay indicios de operaciones vinculadas con ilícitos, pero también puede actuar por resoluciones judiciales o por nuevas valoraciones de riesgo. Esa ambigüedad fue justamente lo que Domínguez Nava puso en cuestión.
Para una ciudadanía que ya vive con recortes presupuestales y servicios públicos tensos, el manejo opaco de recursos presuntamente relacionados con funcionarios públicos tiene un impacto tangible: reduce la capacidad de las instituciones para recuperar activos y sancionar irregularidades, y mina la confianza en que el Estado defienda el interés público. La gobernadora usó una metáfora contundente: pidió que la UIF deje entrar la luz en lo que hoy parece una caja fuerte con cerradura opaca.
Especialistas en transparencia consultados por este periódico coinciden en que los descongelamientos deben acompañarse de una explicación técnica y pública que detalle el fundamento jurídico y el monto afectado. Sin esa información, señalan, tanto actores políticos como la sociedad civil quedan obligados a especular sobre posibles gestiones políticas o deficiencias en las investigaciones.
La exigencia de Domínguez Nava plantea además un desafío institucional: cómo compatibilizar el respeto a procesos legales y el deber de informar a la ciudadanía. Organismos fiscalizadores y la propia UIF tienen la responsabilidad de proporcionar elementos verificables que permitan evaluar si el descongelamiento responde a errores, a órdenes judiciales o a una revisión legítima de pruebas.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera aún no ha emitido un comunicado público detallado que responda punto por punto a las preguntas planteadas por la gobernadora. En tanto, la demanda de transparencia se suma a un debate más amplio sobre la eficacia de las herramientas de prevención financiera y la necesidad de que las instituciones rindan cuentas sin intermediarios.
Fuente: declaraciones de Graciela Domínguez Nava y comunicación institucional de la Unidad de Inteligencia Financiera.