UE estalla contra la impunidad tras asesinato de Carlos Castro en Poza Rica
La Unión Europea, junto con Noruega y Suiza, exige esclarecer el crimen y pide medidas urgentes de protección para periodistas
La Comisión Europea en México condenó con dureza el asesinato del periodista Carlos Castro, director del portal Código Norte Veracruz, quien fue ultimado el pasado jueves 8 de enero en el municipio de Poza Rica, Veracruz. En un comunicado oficial las misiones diplomáticas señalaron que las circunstancias del homicidio y las amenazas previas apuntan a un posible vínculo directo entre su labor periodística y su asesinato.
“Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia, colegas y amigos de la víctima. Las circunstancias del crimen y las labores de investigación periodística, así como las amenazas previas, son indicios de que existe un vínculo directo entre la labor periodística del señor Castro y su asesinato”, dice la declaración conjunta emitida el 14 de enero por la Unión Europea y los representantes de Noruega y Suiza en México.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 8 de enero de 2026 | Asesinato de Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz |
| 14 de enero de 2026 | Declaración pública de la UE, Noruega y Suiza pidiendo esclarecer el caso |
| — | Autoridades mexicanas se comprometieron a investigar; se pide usar el Mecanismo de Protección |
Las misiones europeas subrayaron el grado de violencia e intimidación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en determinados contextos del país, y advirtieron que esto constituye una amenaza directa a los derechos humanos y al derecho a la información. En palabras del comunicado, hace falta evitar que surjan “zonas de silencio” donde ningún periodista se atreva a trabajar.
Entre las demandas principales de la Unión Europea figuran:
- Identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
- Fortalecer y utilizar plenamente el Mecanismo de Protección para periodistas y defensores.
- Continuar el diálogo con la sociedad civil y mejorar las medidas preventivas para evitar nuevos ataques.
La declaración reconoce también los esfuerzos del gobierno federal para esclarecer asesinatos recientes, pero insiste en que los “elevados niveles de impunidad” exigen resultados concretos: detenciones, procesos judiciales y sentencias que demuestren que los crímenes no quedarán sin castigo.
En Poza Rica y en otras comunidades, la muerte de Castro revive el temor entre reporteros y comunicadores que cubren crónica roja, corrupción y crimen organizado. Familiares, colegas y organizaciones de la sociedad civil han pedido que la investigación sea rápida, transparente y con rendición de cuentas, para que no quede la sensación de que la muerte del periodista fue una nota más en la larga lista de agresiones.
Este caso reaviva preguntas esenciales: ¿qué tan protegidos están los periodistas que investigan temas sensibles? ¿Qué hacen las autoridades locales y federales para garantizar que ejercer la libertad de prensa no signifique poner en riesgo la vida? La UE, Noruega y Suiza piden respuestas claras y acciones que transformen la indignación en justicia efectiva.
Qué sigue
- Las autoridades ministeriales de Veracruz han declarado que avanzan en las indagatorias. Es clave que informen regularmente y permitan seguimiento independiente.
- La sociedad civil y medios locales reclaman medidas urgentes de protección para colegas en riesgo y la activación eficaz del Mecanismo de Protección.
- La comunidad periodística exige que, además de sancionar a los autores materiales, se investiguen y sancionen los posibles responsables intelectuales.
El asesinato de Carlos Castro no sólo es un golpe para su familia y su medio; es una señal de alarma para la sociedad: cuando callan las plumas que informan, se estrechan los espacios para la verdad y la rendición de cuentas. La presión internacional, encabezada por la UE, busca convertir la condena diplomática en medidas concretas que rompan la cadena de impunidad y devuelvan seguridad a quienes informan.
Reportero muerto. Justicia exigida. Responsables a juicio. Esa es la demanda que mezcló el dolor con la indignación en la voz de la Unión Europea y de organizaciones internacionales: que no haya zonas donde nadie pueda contar la verdad.