Alerta en la UNAM: trampas en la nueva app del examen ponen en duda la equidad y reavivan la opción presencial
Por la redacción
La Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta esta semana un dilema que va más allá de una falla tecnológica: la legitimidad del proceso de admisión. Según informó el rector Leonardo Lomelí, detectaron trampas y prácticas irregulares vinculadas a la nueva aplicación que la UNAM implementó para aplicar parte de su examen de ingreso. Ante la falta de una garantía clara de equidad, Lomelí planteó regresar temporalmente al examen presencial.
La alerta se encendió cuando aspirantes, evaluadores y personal de la institución reportaron inconsistencias en el cuestionario y patrones de conducta que apuntan a filtraciones y suplantaciones. Fuentes internas de la UNAM consultadas por este periódico señalaran que las irregularidades van desde captura masiva de pantallazos hasta coordinación por grupos de mensajería que facilitarían respuestas en tiempo real.
La adopción de mecanismos digitales para evaluar a miles de jóvenes no es nueva; la pandemia obligó a universidades a acelerar procesos que, en muchos casos, no contaban con la infraestructura ni los protocolos de control adecuados. Lo que distingue a este episodio es el riesgo inmediato sobre la equidad: cuando una app falla, no sólo se quedan en duda los resultados, sino el esfuerzo de quienes estudian con recursos limitados y dependen de un examen justo para acceder a la educación pública.
La UNAM, a través de su oficina del rector, admitió la existencia de irregularidades y prometió una investigación. Leonardo Lomelí subrayó que la prioridad es garantizar que el proceso de admisión sea imparcial y que no se excluya a quienes carecen de acceso confiable a internet o a dispositivos adecuados. En sus palabras, citadas por la propia universidad, la opción de regresar al formato presencial es viable «mientras no exista una garantía de equidad en el formato en línea».
Expertos en educación y estudiantes entrevistados por este diario coincidieron en dos puntos: primero, que la transparencia en la investigación será clave para recuperar la confianza; segundo, que las soluciones puramente tecnológicas no sustituyen los controles humanos y las políticas públicas que mitiguen desigualdades estructurales. Uno de los alumnos que presentó el examen describió el ambiente como «una carrera desigual»: quienes tenían mejor conexión y redes de apoyo explotaron ventajas que la app, por diseño o por uso indebido, permitió.
El problema tiene implicaciones sociales y políticas. La UNAM recibe aspirantes de todo el país, incluidos pueblos y zonas rurales donde el acceso a internet es intermitente. Un examen en línea mal regulado puede favorecer, por ejemplo, a estudiantes urbanos con conexión y grupos organizados que comparten respuestas, profundizando la brecha educativa. Desde una perspectiva de justicia social, eso convierte a una innovación tecnológica en un mecanismo de exclusión.
La universidad evalúa varias alternativas: auditar el software con empresas y expertos independientes, implementar sistemas de verificación biométrica o de identidad a la hora del examen, reforzar la supervisión humana mediante sedes locales, o volver temporalmente al esquema presencial. Cada opción tiene costos: tiempo, recursos y riesgos sanitarios en contextos de pandemia o brotes; y ninguno garantiza a priori la eliminación total de trampas si no hay control y transparencia.
La respuesta institucional también debe contemplar responsabilidades. Si la UNAM decidió desplegar la app sin pruebas suficientes de robustez o sin comunicar claramente los protocolos, corresponde reconocer errores y corregirlos con rapidez. Esa autocrítica es necesaria para que la universidad, que históricamente ha sido bastión de acceso público a la educación superior, no pierda credibilidad ante la juventud y las familias que confían en el sistema.
De cara a los aspirantes, la recomendación que se abre paso entre especialistas y organizaciones estudiantiles es doble: pedir a la UNAM un informe público detallado de lo ocurrido y exigir alternativas de evaluación que respeten la diversidad de condiciones socioeconómicas. También proponen que la convocatoria incluya plazos claros, apoyo para quienes necesiten presentar el examen en sedes presenciales y un mecanismo de apelación accesible para disputas sobre resultados.
Este episodio es una prueba de la tensión entre modernizar procesos y proteger derechos básicos. La tecnología puede ampliar oportunidades, pero mal utilizada refuerza viejas desigualdades. La UNAM, con la advertencia del rector Leonardo Lomelí y la atención pública sobre la mesa, tiene la obligación de actuar con diligencia, transparencia y sentido social: no se trata solo de validar exámenes, sino de defender el principio de igualdad de oportunidades que sostiene a la educación pública.
Este diario seguirá el caso y publicará los detalles de la investigación y las medidas que adopte la universidad, así como las reacciones de estudiantes y colectivos que exigen claridad y justicia.