Turismo reivindica transparencia tras deslindar bienes familiares
“No tengo nada que ocultar”, dijo Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, al responder a críticas por presuntos conflictos de interés luego de anunciar que se deslindó de bienes y acciones registrados a nombre de su hermano y de su pareja. La explicación, ofrecida en una conferencia de prensa en la Secretaría de Turismo, busca cortar de raíz cuestionamientos sobre la relación entre patrimonio privado y decisión pública.
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Turismo, Rodríguez transfirió o aclaró la titularidad de ciertos activos —sin detallar montos ni fechas en la nota distribuida— y afirmó que su declaración patrimonial está disponible ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). La dependencia subraya que el proceso se realizó “con asesoría legal” y que se ajustó a la normativa vigente.
Desde una perspectiva ciudadana, el gesto tiene dos lecturas. En positivo, separarse formalmente de activos vinculados a familiares reduce el riesgo legal y es un paso hacia la transparencia. En negativo, si las medidas no se documentan con pruebas públicas —escrituras, contratos sociales, actas de transferencia y la verificación por parte de la SFP— la percepción de conflicto persiste. Es como limpiar el parabrisas pero dejar el barro en las manijas: la visibilidad mejora, pero la sensación de suciedad sigue ahí.
Analistas consultados por este diario subrayan que deslindarse no siempre equivale a eliminar influencia. Un activo puesto a nombre de un tercero puede seguir beneficiando al titular original a través de préstamos, fideicomisos o acuerdos informales. Por eso, grupos ciudadanos y algunos diputados han pedido que la Secretaría de Turismo haga pública la documentación y que la Secretaría de la Función Pública realice una revisión transparente y con plazos claros.
La flora del turismo público incluye concesiones, permisos de uso de suelo y contratos con proveedores; cualquier vínculo familiar entre funcionarios y actores privados puede convertirse en un atajo para privilegiar intereses. La práctica democrática exige reglas claras y comprobables: declaraciones patrimoniales accesibles, auditorías externas y sanciones proporcionales cuando se detecten irregularidades. La Secretaría de Turismo y la SFP son las fuentes naturales para certificar ese cumplimiento.
En la misma conferencia, Rodríguez defendió los logros de su gestión en promoción y recuperación de destinos, y prometió que el deslinde era parte de su compromiso con la transparencia. Queda pendiente, sin embargo, que la documentación llegue a la ciudadanía y que organismos de control —incluida la propia SFP— informen públicamente el resultado de cualquier verificación.
Si el gobierno quiere recuperar confianza, no bastan las declaraciones: se requieren documentos, plazos y controles visibles. La transparencia no es un eslogan; es la llave que permite a la ciudadanía saber si las políticas de turismo benefician al interés público o a intereses privados. La Secretaría de Turismo, al menos por ahora, ha abierto la puerta; será responsabilidad de las autoridades de control y de la sociedad civil asegurarse de que esa puerta no quede entreabierta.
Fuentes: Secretaría de Turismo, Secretaría de la Función Pública.