Estados unidos acusado de hostigamiento tras descongelar cuentas vinculadas a rocha moya

Por un corresponsal

El descongelamiento de dos cuentas bancarias atribuidas a Rocha Moya y la decisión de las autoridades estadounidenses de no procesarlo con fines de extradición detonaron, según el columnista Riva Palacio, una semana de “sistemático hostigamiento político” de Estados Unidos hacia México. La denuncia coloca nuevamente en el centro la delicada relación entre ambas administraciones y abre preguntas sobre el uso político de instrumentos legales y financieros.

Lo ocurrido —relata Riva Palacio— no es un hecho aislado: combina acciones judiciales en suelo estadounidense con una narrativa política que, en opinión de críticos y opositores, persigue presionar a actores y gobiernos mexicanos. Desde la óptica ciudadana, estas maniobras se sienten como un ruido de fondo que puede traducirse en menos confianza, mayores tensiones diplomáticas y, en el peor escenario, afectaciones prácticas en cooperación en seguridad y comercio.

Fuentes institucionales como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos no han ofrecido aún una explicación pública detallada que despeje dudas sobre los motivos y el procedimiento seguido para descongelar las cuentas y decidir la vía procesal. Esa opacidad alimenta la percepción de trato selectivo y refuerza la acusación de Riva Palacio.

Analistas consultados señalan que el uso de medidas financieras como herramienta de presión política no es nueva, pero sí es preocupante cuando se percibe falta de criterios transparentes. Para las personas comunes, el problema tiene un rostro concreto: la politización de la justicia puede debilitar la confianza en instituciones que deben actuar con independencia y garantizar derechos, desde la investigación penal hasta el acceso a recursos.

Desde un enfoque constructivo, especialistas proponen tres pasos para bajar la tensión: transparencia documental sobre las razones legales del descongelamiento y la negativa a la extradición; canales diplomáticos abiertos entre ambas cancillerías para evitar escaladas; y una revisión independiente que garantice que las medidas financieras se apliquen por motivos jurídicos, no por intereses geopolíticos.

Riva Palacio advierte que, si no se aclaran los hechos, la relación bilateral puede entrar en una fase de desconfianza que perjudica a la cooperación en seguridad, migración y economía. En el fondo, lo que está en juego no son solo nombres y cuentas, sino la calidad de la soberanía y de las instituciones que protegen a la ciudadanía.

Con información e imágenes de: informador.mx