Sheinbaum abre la puerta al fracking: propone a privados con Pemex para dejar de comprar gas a Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó desde Palacio Nacional lo que algunos temían y otros celebran: el Gobierno prepara el terreno para reactivar la fractura hidráulica en México, esta vez con la participación de socios privados junto a Petróleos Mexicanos (Pemex). “México debe garantizar su soberanía y una parte fundamental es la soberanía energética”, dijo la mandataria, y anunció la creación la próxima semana de un comité de expertos mexicanos para diseñar el plan.
Qué propone el Gobierno
- Crear un comité de expertos nacionales para diseñar un plan de fracking “con nuevas tecnologías” y minimizar daños ambientales, según dijo Sheinbaum.
- Impulsar proyectos donde Pemex actúe con participación privada, ya sea mediante contratos, alianzas o servicios conjuntos, para acelerar la extracción de gas natural.
- Argumento central: reducir la dependencia de importaciones. El Gobierno apunta a corregir que alrededor del 75% del gas consumido en México proviene de importaciones, según declaraciones oficiales.
Por qué lo proponen y qué hay detrás
La oferta tiene dos motores claros: la urgencia de garantizar suministro para la generación eléctrica y la presión por frenar el aumento en la factura energética que implica la compra masiva de gas a Estados Unidos. En la narrativa oficial, la fractura hidráulica sería una herramienta para recuperar “soberanía estratégica” y crear capacidades internas, con Pemex como actor central.
Lo que promete: ventajas palpables
- Más gas nacional podría estabilizar precios de la electricidad y reducir la volatilidad por políticas o subidas de precios en EE. UU.
- Potencial para generar empleos en zonas productoras y reactivar infraestructura petrolera.
- Mayor control sobre reservas y sobre la cadena de suministro energético.
Lo que preocupa: riesgos ambientales y sociales
- Organizaciones ambientalistas advierten que el fracking puede contaminar mantos freáticos, aumentar el uso intensivo de agua y generar sismos inducidos. Estas advertencias no desaparecen con la palabra “nuevas tecnologías”.
- Comunidades locales y ejidatarios temen por la pérdida de tierras y por impactos en salud y agricultura.
- La confianza ciudadana está en juego: el historial de transparencia en contratos energéticos es cuestionado por sectores de la sociedad civil.
Qué dicen los críticos y aliados
- Críticos ambientales: piden estudios independientes de impacto ambiental, consultas públicas y evaluación de alternativas limpias como renovables y almacenamiento.
- Empresarios y sectores industriales: ven una oportunidad para bajar costos y asegurar suministro. Sugieren esquemas de inversión público-privada con reglas claras.
- Académicos y especialistas: coinciden en que la decisión debe basarse en datos, monitoreo permanente y estándares internacionales de seguridad.
Impacto directo en la vida cotidiana
- Familias: posible moderación de tarifas eléctricas si se logra sustituir importaciones con gas nacional, aunque los beneficios no son inmediatos.
- Agricultores y comunidades rurales: riesgo de competencia por agua y alteración de ecosistemas locales.
- Trabajadores: potencial creación de empleos, pero también riesgo de precarización si las reglas laborales no se blindan en los contratos.
Lo que queda por ver: preguntas que el comité debe responder
- ¿Dónde se harán los proyectos piloto y cómo se garantizará la consulta a las comunidades afectadas?
- ¿Qué tecnologías concretas se usarán para reducir riesgos hidrosanitarios y sísmicos y quién certificará su eficacia?
- ¿Cómo se regularán las alianzas con privados para evitar opacidad en contratos y conflictos de interés?
- ¿Qué horizonte temporal y qué metas concretas tiene el plan para disminuir la importación de gas?
Balance final
La propuesta de Sheinbaum combina un reclamo legítimo de soberanía energética con un riesgo real para el medio ambiente y las comunidades. El anuncio inflama pasiones porque toca dos temas sensibles: independencia económica y protección del territorio. Si el Gobierno quiere pasar de la retórica a resultados creíbles deberá transparentar procesos, someter a la comunidad a consultas informadas y permitir auditorías independientes. Si no, la promesa de “nuevas tecnologías” podría quedarse en un balón de oxígeno político mientras los riesgos se materializan en tierra y agua.
Seguiremos la evolución del comité de expertos y la publicación de sus propuestas para evaluar si el plan realmente combina seguridad energética y protección ambiental, o si solo será una apertura disfrazada para contratos millonarios.