Peña bajo régimen de libre comunicación mientras crece la ira de ahorradores del Ueno
Asunción. El expresidente Santiago Peña permanece recluido en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) con un régimen que, según la orden judicial citada por ABC Color, le permite “libre comunicación”, acceso a un teléfono móvil y la recepción de visitas. La medida, que los tribunales defienden como parte de las garantías procesales, no calmó la tensión política ni social que rodea al caso: mientras la justicia y el entorno político discuten alcance y afectación de los privilegios carcelarios, miles de clientes del llamado Ueno Bank reclaman a gritos la devolución de sus ahorros.
La indignación pública se traduce en protestas, cartas a autoridades y presiones desde sectores organizados. La Iglesia, según informó Última Hora, y representantes del agro y del comercio exigieron al Ejecutivo y a las autoridades financieras acelerar los reintegros y garantizar transparencia en el proceso. “No se trata solo de dinero: es la sensación de desprotección frente a instituciones que fallaron”, comentó a este diario un dirigente gremial del interior, en un testimonio recogido por La Nación.
En el plano político, el sucesor de Peña, Pedro Alliana, se ha dedicado en los últimos días a reorganizar su gabinete intentando dar respuesta a la emergencia económica y a la crisis de confianza. Fuentes del equipo de Gobierno citadas por ABC Color sostienen que la reestructuración busca reforzar las áreas de hacienda y supervisión financiera, aunque hasta ahora no hay anuncios concretos sobre un plan de devolución integral ni sobre qué fondos se utilizarían para garantizar los pagos inmediatos a los ahorristas.
Los clientes del Ueno Bank denuncian demoras, falta de información clara y trámites que se eternizan. Testimonios publicados por Última Hora hablan de jubilados y pequeñas comerciantes que dependen de esos recursos para la compra de alimentos y el pago de servicios. Para muchos, la situación evidencia una falla de supervisión previa: cómo una entidad pudo acumular riesgos sin controles que protegieran a depositantes vulnerables.
Desde el ámbito judicial, defensores de la decisión que permite comunicación y visitas para Peña sostienen que las medidas buscan respetar derechos mientras avanza el proceso penal. Críticos afirman, en cambio, que el trato percibido como privilegiado erosiona la confianza ciudadana en la equidad del sistema. La tensión entre garantías individuales y la percepción pública de impunidad ha sido señalada en columnas de opinión de La Nación y análisis de ABC Color.
Especialistas en regulación financiera consultados por este periódico insisten en que, además de acelerar reintegros, es imprescindible una auditoría pública y la creación de canales de reclamo accesibles para facilitar comprobaciones rápidas. Sin transparencia y procedimientos claros, advierten, cualquier solución temporal puede desvanecerse y dejar secuelas prolongadas en la confianza del sistema bancario.
Mientras tanto, las voces de la calle y de los movimientos sociales siguen reclamando respuestas concretas. El pulso entre decisiones judiciales, ajustes políticos del Gobierno de Alliana y la presión social por la devolución de ahorros define una agenda que, según fuentes citadas en ABC Color y Última Hora, marcará la política económica y la legitimidad institucional en las próximas semanas.