Salinas Pliego apuesta por máquinas en lugar de proteger la jornada de 40 horas

Ricardo Salinas Pliego afirmó recientemente que las máquinas pueden trabajar sin descanso y “no piden derechos”, una respuesta cruda a la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas. La declaración, difundida por El Financiero, reaviva el debate sobre automatización, derechos laborales y el papel del empresariado en un país con alta informalidad.

En sus comentarios, Salinas presentó la automatización como una solución pragmática para mantener productividad sin asumir costos laborales adicionales. «Las máquinas, a diferencia de las personas, pueden trabajar todo el tiempo y no acceden a derechos», dijo, según El Financiero. La frase no es inocua: coloca la eficiencia por encima de la dignidad del trabajo y minimiza consecuencias sociales reales.

La iniciativa de reducir la jornada a 40 horas busca, según la Secretaría del Trabajo, equilibrar la vida laboral y familiar, mejorar la salud y distribuir empleo. Para millones de trabajadores informales y empleados con jornadas extensas, la medida implica alivio potencial. Sin embargo, la reacción de grandes empresarios deja claro que la tensión entre productividad y derechos sigue siendo central.

INEGI muestra que la informalidad laboral y las brechas salariales siguen limitando las oportunidades. Cuando un actor económico con peso mediático plantea que la solución es reemplazar a la persona por la máquina, lo que está en juego no es solo un cambio tecnológico sino la posibilidad de erosión de salarios, seguridad social y empleos estables.

Organizaciones laborales y especialistas han señalado —como ha recogido la prensa nacional— que la automatización sin regulaciones claras puede aumentar la precariedad. La historia lo demuestra: sin políticas públicas que acompañen la transición tecnológica, los beneficios tienden a concentrarse, y los trabajadores más vulnerables absorben los costos.

Desde una perspectiva práctica, existen alternativas que no obligan a elegir entre derechos y productividad. Programas de reconversión laboral, incentivos fiscales temporales para empresa que mantengan empleo, y esquemas de jornada reducida con mantenimiento proporcional de salario son ejemplos que combinan justicia social y competitividad. Países que adoptaron reducciones de jornada acompañadas de medidas de capacitación y protección social lograron mitigar impactos negativos.

El debate no debe reducirse a un choque de retóricas entre empresarios y legisladores. Afecta la vida cotidiana: padres que pierden tiempo con sus hijos, trabajadores que sufren agotamiento, comunidades que ven desaparecer empleos locales. Las decisiones públicas sobre jornada y tecnología tienen efectos concretos en el bolsillo y en la salud pública.

Es legítimo preguntarse quién paga la factura de la modernización. Si la respuesta es «la fuerza laboral», México corre el riesgo de profundizar desigualdades. Si, en cambio, el Estado, las empresas y la sociedad acuerdan reglas claras, se puede avanzar hacia mayor productividad sin sacrificar derechos fundamentales.

Que las palabras de Salinas Pliego, publicadas por El Financiero, sirvan para abrir un debate serio. La automatización es imparable, pero su gestión exige políticas públicas claras, diálogo con sindicatos y protección para quienes hoy sostienen la economía. La pregunta es si la respuesta será un reparto justo de beneficios o una carrera hacia abajo en la que las máquinas sustituyen derechos humanos por eficiencia.

Fuente: declaraciones a El Financiero; datos e informes consultados de INEGI y la Secretaría del Trabajo.

Con información e imágenes de: informador.mx