Rocío Nahle desvincula a EU: niega tener cuentas y tacha acusaciones de falsas
La morenista respondió a versiones que indicaban que sus cuentas en Washington habían sido congeladas, y lo calificó como una campaña de desinformación.
Rocío Nahle negó de manera tajante la versión que circuló este fin de semana sobre un presunto congelamiento de cuentas bancarias a su nombre en Washington. La propia legisladora afirmó, en mensajes públicos, que no posee cuentas en Estados Unidos y calificó las imputaciones como «falsas» y parte de una campaña para dañarla políticamente.
La reacción de Nahle llega después de que algunas publicaciones difundieran la información sobre movimientos financieros vinculados a funcionarios mexicanos en el extranjero. Ante ello, la morenista responsabilizó a quienes —dijo— buscan crear una cortina de humo alrededor de decisiones públicas y políticas energéticas que han generado debate.
Más allá del ruido mediático, la acusación tiene consecuencias concretas: el señalamiento de que una funcionaria o exfuncionaria tiene activos congelados en el extranjero puede minar la confianza en las instituciones, afectar negociaciones internacionales y abrir cauces legales. Para una secretaria de Estado o una figura con influencia en políticas energéticas como Nahle, la sospecha sola funciona como un freno sobre proyectos, contratos y relaciones con inversionistas extranjeros.
Hasta ahora no hay, al menos públicamente, una confirmación oficial de alguna autoridad financiera estadounidense sobre medidas contra Nahle. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda son las instancias que, en México, deberían aclarar si existe alguna investigación vinculada; la ausencia de información oficial aumenta la necesidad de transparencia para evitar especulaciones.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa dos problemas persistentes: la facilidad con la que circulan rumores que afectan la reputación pública y la debilidad de los mecanismos para verificar información sensible en tiempos de polarización. Si hubo errores institucionales en la difusión o verificación de la noticia, deben reconocerse y corregirse. Si no los hubo, la difusión irresponsable también requiere sanciones simbólicas: rectificación pública y estándares periodísticos más estrictos.
Para la ciudadanía, la lección es práctica. Cuando corran rumores sobre funcionarios vinculados a contratos, obras o asignaciones, conviene pedir pruebas y exigir a las autoridades que informen con claridad. La política pública, sobre todo en rubros como la energía, impacta la factura eléctrica, el empleo local y la inversión; por eso la información veraz no es un lujo intelectual, es una herramienta de protección social.
Rocío Nahle sostuvo su versión y pidió deslindar su nombre. Ahora corresponde a las autoridades competentes y a los medios verificar, transparentar y corregir lo que sea necesario. Sin claridad, la sospecha seguirá funcionando como grillete para la gobernabilidad.
Fuente: declaraciones de Rocío Nahle.